Piden 14 años de cárcel a Guerrero por las ayudas para comprar cocaína

Anticorrupción reclama la misma pena para su ex chófer y otros seis años para un antiguo alcalde del PSOE

El capítulo más sonado del «caso de los ERE fraudulentos», aunque no el más grave respecto a la cuantía, es el de las ayudas que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero otorgó a empresas creadas «ad hoc» por el fuera su chófer, Juan Francisco Trujillo. En total, más de 1,4 millones de euros. Una parte de este montante, según argumentó el propio Trujillo en sede judicial, se desvió para el consumo de alcohol y de drogas. Las subvenciones fueron aumentando a medida que urgía la necesidad de un gasto que según dijo también Trujillo a la anterior responsable del caso, Mercedes Alaya, se elevó hasta los 25.000 euros mensuales en cocaína. El presunto camello que suministraba las sustancias estupefacientes era el hijo del dueño de un restaurante de Cazalla de la Sierra que también recibió subvenciones y que frecuentaba el ex consejero de Empleo José Antonio Viera. Guerrero, por su parte, recibió presuntamente por la concesión de estos fondos «entregas en efectivo, antigüedades, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína». Todo ello, a costa de los fondos públicos.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para Guerrero y para su chófer 14 años de cárcel y 30 años de inhabilitación por delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación, y malversación, entre otros.

En el escrito de acusación, consultado por LA RAZÓN, también reclama la pena de seis años y tres meses de prisión e inhabilitación absoluta durante 17 años para Isidoro Ruz Espigares, ex alcalde socialista de Llanos del Sotillo (Jaén) y socio del ex chófer de Guerrero en una de las empresas receptoras de fondos públicos. El cuarto procesado es Antonio José Albarracín, ex directivo de la mediadora Vitalia, para quien pide la pena de seis años de prisión y diez de inhabilitación por delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación.

El Ministerio Fiscal relata, como ya ha se ha conocido a lo largo de una instrucción que acumula más de seis años, que el ex director general de Trabajo y su entonces chófer se pusieron de acuerdo para «idear la constitución de sociedades mercantiles para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión».

El ex chófer creó junto a su mujer Iniciativas Turísticas de Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial. Cada una de ellas fue beneficiaria de subvenciones de 450.000 euros. Hay que sumar otra subvención del mismo importe que fue a parar a Ave Nueva. En este caso, el socio de Juan Francisco Trujillo fue el ex alcalde socialista de Llanos del Sotillo. Pidieron la ayuda para una granja de pollos que nunca llegó a ponerse en marcha.

En las subvenciones a empresas no se agotan las presuntas irregularidades. Guerrero también acordó meter de manera irregular a la madre del que fuera su chófer, Estrella Blanco García, como prejubilada en una empresa por lo que fue beneficiaria de una póliza de 125.028 euros. De esta maniobra se deriva precisamente la petición de cárcel para el ex directivo de Vitalia. «En abril de 2007 –recoge el auto de la Fiscalía Anticorrupción– los encausados Francisco Javier Guerrero y Juan Francisco Trujillo Blanco, al no disponer de liquidez para poder atender sus gastos contactaron con el encausado Antonio José Albarracín para que se preparara una póliza de seguros en la cual debía figurar como persona asegurada y beneficiaria de la misma Estrella Blanco García, madre de Juan Francisco Trujillo». Hay que recordar, no obstante, que el juzgado ha archivado la causa contra Estrella Blanco y contra Juana Gallego. Esta última es la mujer del ex chófer de la Consejería de Empleo. Aún así, la Fiscalía pide que Juana Gallego responda por la cantidad de 24.000 euros por ser «partícipe a título lucrativo» de las subvenciones.

Las ayudas de 1,35 millones de euros a las tres empresas reseñadas se produjeron «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, concediéndose por el encausado Guerrero Benítez sin competencia legal para ello, sin la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones». Trujillo era la persona autorizada en las cuentas bancarias de las tres sociedades. Dispuso «del total de 1.350.000 euros transferidos por la agencia pública IDEA, como si de una caja única se tratara, no ejecutando ninguno de los proyectos». El ex chófer de la consejería también aparece ligado a otras sociedades como Saphire Grupo Empresarial. «Saphire» hace honor a una de las ginebras favoritas del ex alto cargo de la Junta.