Primera sentencia firme contra una agencia pública con 3.000 trabajadores

El PP condiciona derogar la ley de reordenación empresarial a sumarse al pacto andaluz

La consejera de Hacienda y Administración pública, Carmen Martínez Aguayo
La consejera de Hacienda y Administración pública, Carmen Martínez Aguayo

La Ley de Reordenación del Sector Público, que posibilitó la entrada en agencias empresariales de más de 20.000 trabajadores que no habían pasado ningún proceso selectivo, está empujando a la Junta a un callejón sin salida. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado la primera sentencia firme, contra la que no cabe recurso, que tumba el protocolo de integración del personal de la extinta Empresa de Desarrollo Agrario y Pesquero SA (Dapsa) en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa). Se trata de la segunda de las ocho macroagencias en volumen. Un mastodonte con 3.020 trabajadores, a la que sólo supera en tamaño la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya). Más de la mitad de los empleados de Agapa proceden de Dapsa (1.812), por lo que su futuro está completamente en el aire.

La sentencia, consultada por este periódico, y notificada el lunes, da la razón a la Asociación Defiendo Mi Derecho. Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Junta y por la Asociación de Trabajadores de las Agencias Públicas contra una sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla dictada el 10 de mayo de 2012 por la vía de derechos fundamentales, tras un recurso de la Asociación Al Andalus de Empleados Públicos y la Asociación Defiendo Mi Derecho y la Gestión Pública.

La importancia de la sentencia radica en que no existe la posibilidad de recurso al Tribunal Supremo y por tanto la Junta está en la obligación jurídica de acatarla. Hay una sentencia previa del TSJA relacionada con la integración de personal en la agencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en la que tampoco cabía recurso. Pero a diferencia de este caso, como aclaran a este periódico desde el bufete Mariano Aguayo Abogados, que asiste a los funcionarios, la sentencia del SAE era una suspensión cautelar.

El Contencioso-Administrativo del Supremo sí está previsto que se pronuncie sobre una serie de recursos contra los decretos de integración. El primero que está en cola es el de la Agencia de Instituciones Culturales. Sobre los protocolos no puede pronunciarse porque no es su competencia. Sí el TSJA, de ahí la importancia de la sentencia que trascendió ayer. Hay que recordar, asimismo, que todas las agencias recurridas cuentan con sentencias judiciales en contra de la integración. La única que no ha sido recurrida es la Agencia Sanitaria de la Costa del Sol.

Basándose en la jurisprudencia ya asentada en este terreno, la Sala del Contencioso-Administrativo de Sevilla, presidida por Julián Manuel Moreno Retamino, destaca el menoscabo de derechos fundamentales. «Eso supone una huida del derecho administrativo y un desprecio al Estado de Derecho, en la medida en que los trabajadores integrados han eludido el acceso por principios de igualdad, mérito y capacidad».

La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera cuenta con 3.020 trabajadores, que en 2012 supuso a la Administración un coste en nóminas de 108.494.848 euros, como consta en un documento de ejecución presupuestaria del Consejo Rector del ente avanzado en su día por este periódico. El presupuesto para 2013 asciende a 165.908.549 euros, tal y como se recoge en las cuentas aprobadas recientemente por el Gobierno de coalición PSOE-IU. De este montante, la mayoría se dedica a operaciones corrientes. El gasto en personal supone 101.543.414 euros.

La derogación de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público es una de las exigencias contenidas en el decálogo que planteó el lunes el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, al presidente Griñán para sumarse al Pacto por Andalucía que está tratando de cerrar el Ejecutivo andaluz. El PP ya ha cursado sin éxito esta petición con anterioridad. Incluye también esta formación en el decálogo para el pacto una racionalización del sector público empresarial, porque entiende que «ha adquirido unas dimensiones mastodónticas. Con exceso de cargos políticos a dedo y duplicidad de funciones».