¿Se repetirá con la formación el fiasco de los ERE?

La mayoría de los grupos admite que será difícil consensuar un dictamen final, aunque todos, a excepción del PSOE, concluyen que sí existen responsabilidades políticas

Los cinco grupos parlamentarios que integran la comisión constituida en el Parlamento andaluz para investigar lo sucedido en torno a las subvenciones otorgadas por la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 a la actualidad –PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU– fijaron el 19 de septiembre como plazo máximo para remitir al presidente del órgano, Julio Díaz, (C’s) sus conclusiones, su cartografía del presunto fraude, tras descartar una segunda ronda de comparecencias. Díaz tendrá luego que elaborar un documento de síntesis que se convertirá en la base del dictamen final a debatir en el seno de la propia comisión y, posteriormente, en el Pleno de la Cámara. Ello, si no se repite lo sucedido en 2012, cuando cinco meses de trabajos similares, en aquella ocasión en torno al terremoto mediático y jurídico que supuso el «caso ERE», se saldaron sin un dictamen de conclusiones. LA RAZÓN ha preguntado a los partidos sobre esa posibilidad y sobre si creen que existen o no responsabilidades políticas en torno a los cursos. A continuación, sus respuestas.

RODRIGO SÁNCHEZ HARO (PSOE-A)

«Aún esperamos disculpas por los juicios paralelos y los circos mediáticos»

1 Nuestro grupo está ultimando el análisis de la documentación y los diferentes testimonios aportados a la comisión, si bien, hemos podido ir constatando mediante las comparecencias y el estudio pormenorizado de los expedientes, que no se puede concluir ningún tipo de responsabilidad política en nuestra comunidad autónoma, ni de los funcionarios, ni de los cargos políticos de la Junta en este caso. Fuera de este ámbito, cabría pensar en otro tipo de responsabilidades, las de quienes utilizan casos como éste para generar un daño irreparable a personas honestas y familias enteras. ¿Qué responsabilidad tienen quienes emprenden cacerías políticas con el único objetivo de dañar el honor del adversario? Aún esperamos disculpas por los juicios paralelos y circos mediáticos orquestados para hacer daño al PSOE.

2 Confiamos en que el trabajo desarrollado permita alcanzar unas conclusiones que sean útiles y clarifiquen lo ocurrido, sobre todo, que nos ayuden a prevenir que este tipo de situaciones puedan darse de nuevo. Ésa es la voluntad del Grupo Socialista, que siempre ha actuado con rigor y la máxima exigencia. La anterior comisión de investigación dejó en evidencia que el uso torticero, interesado y partidista que hicieron algunas formaciones políticas condujo a su fracaso. Si uno acude a las reuniones a montar un espectáculo y no atiende a las comparecencias porque ya trae redactadas las conclusiones, el resultado fue el que vimos en la comisión de los ERE. Desde luego, no aceptaremos que el PP intente desvirtuar de nuevo este mecanismo. Apelaremos a la responsabilidad de las fuerzas políticas presentes en la comisión para que el trabajo desarrollado pueda plasmarse en un dictamen final que aporte elementos de valor. Esta comisión se ha vuelto contra el PP como un bumerán. Todo el mundo recordará que los socialistas dimos la cara, mientras una ministra del PP salía huyendo para no tener que dar explicaciones.

TERESA RUIZ-SILLERO (PP-A)

«Esperemos que C’s no le salve la cara al PSOE, como hizo IU»

1 Rotundamente sí. Además, las responsabilidades políticas alcanzan al máximo nivel de la Junta de Andalucía, es decir, a la presidenta Susana Díaz y a sus antecesores en el cargo, los ex presidentes Chaves y Griñán. La responsabilidad de Díaz salta a la vista. Tenía conocimiento de todas las irregularidades en los cursos de formación y por eso tomó dos decisiones: una, en su ámbito personal, al dejar su marido de trabajar en UGT-IFES en los cursos de formación tras ser nombrada consejera de Presidencia y sustituta «in pectore» de Griñán; y la otra, en el ámbito político cuando ordenó la paralización de toda la formación. El perjuicio al millón de desempleados andaluces que se quedaron sin posibilidad de formación para optar a un puesto de trabajo no tiene parangón en ninguna otra comunidad autónoma de España, ha frustrado durante 4 años muchas expectativas de vida. Incluso cuantitativamente podemos poner una cifra: 600 millones de euros. Esta cantidad es la que en los años de presidencia de Susana Díaz se han tenido que devolver por no hacerse precisamente esa formación a desempleados. El partido que no vea estas responsabilidades políticas sólo busca proteger sus propios intereses partidistas y no defender los intereses generales de los andaluces. El PP tiene la preocupación de defender los intereses de los desempleados andaluces y su objetivo es la recuperación de todo el dinero defraudado.

2 En la comisión de investigación de los ERE no se logró consensuar un dictamen porque IU se alineó, como socio de gobierno que era, con el PSOE. No tenía interés por aquel entonces en fijar responsabilidades políticas máximas. El tiempo ha dado la razón al PP y la Justicia ha procesado a Chaves y a Griñán, junto a otros 24 altos cargos de la Junta, a los cuales señaló como responsables políticos el PP en su dictamen de los ERE. Por eso, desde el PP mantendremos un nivel de exigencia máximo a la hora de fijar las responsabilidades políticas en el caso de la formación. El resultado del dictamen final dependerá, principalmente, de la posición que adopte Ciudadanos, que es ahora el socio de gobierno del PSOE. Quizás haga lo que IU hizo anteriormente: salvarle la cara al PSOE. Esperemos que no.

JUAN IGNACIO MORENO YAGÜE (PODEMOS)

«La comisión en sí se ha convertido en un nuevo fraude a los andaluces»

1 Claro. De acuerdo a lo investigado, las conclusiones son aterradoras: desde el primer momento, tal y como declaró José Antonio Viera, el consejero bajo cuya responsabilidad empezó todo, se sabía que el sistema de control era insuficiente. Se acudió a un mecanismo fraudulento para solucionar la chapuza, pero no se arregló. Aumentó cada año. Ni un solo declarante ha manifestado que dispusiera de los medios humanos adecuados, sino que con el personal existente era imposible llevar el control de forma adecuada a la ley. Hasta los ex presidentes Chaves y Griñán dijeron que el problema era conocido por todos, pero... ¿a quién creen que les correspondía solucionarlo? También se sabía que los empresarios se lucraban, cuando el ordenamiento jurídico español no permite que de una subvención se obtenga lucro. Existen responsabilidades políticas y, considerando que muchos no ostentan ya cargo público alguno, al menos deberían quedar inhabilitados para volver a ocuparlo. Respecto a la presidenta Susana Díaz, dijo dos barbaridades: que continuó la suspensión de las ayudas que otros inician, lo cual no es verdad, decide no convocar cuando el dinero ya ha llegado de Madrid; y a la pregunta de si eso no le parecía una irresponsabilidad, responde que «había mucha ‘escandalera’ y era mejor parar. Total, para lo que servía». Que la persona que tiene a su mando un transatlántico como la Junta diga que se suspende y no pasa nada, y que los motivos son el «miedo» a las noticias y a las actuaciones judiciales, es indicativo de la confianza que se tiene en que las cosas se están haciendo bien. Muchos cursos ni se daban, se hacían ricos individuos que estaban muy bien relacionados con el PSOE, ya está. Y aún cabe algo más respecto a la responsabilidad. A la misma comisión se le toma el pelo. La Junta no ha colaborado. A día de hoy, Podemos no ha recibido la documentación que pidió.

2 Lo dudo. Según el PSOE, aquí no ha pasado nada, cuando aquí lo que no ha pasado es que nada se haya tramitado bien. La comisión en sí misma se ha convertido en un nuevo fraude a los andaluces. Ha comparecido un solo alumno. Se pactó que lo hicieran primero los cargos públicos, de menor a mayor, y después la parte no pública, esencial para Podemos, pero debe ser que somos unos raritos bolivarianos. ¿Dónde está la segunda tanda? Investigándose qué ha pasado con 3.000 millones de formación para el empleo, a lo mejor era necesario que compareciesen formadores y alumnos, parados y trabajadores. Pero no lo han tenido a bien los demás grupos, así es que sólo hemos citado y preguntado a los que tienen que ocultar el pufo, a los que han metido la pata, y no hemos escuchado a los más importantes sujetos, a los formadores, ni a «las víctimas», los alumnos. Es como investigar un accidente de tren y no llamar al maquinista. Ése es el nivel.

Marta Bosquet (ciudadanos)

«Pediremos, en su caso, las correspondientes dimisiones»

1 Nuestro grupo sigue analizando toda la documentación de la que disponemos, así como las 66 comparecencias que se han producido en el seno de la comisión con el objetivo de presentar nuestras conclusiones el próximo 19 de septiembre, fecha fijada por todos los grupos. Siempre hay una responsabilidad política detrás de cualquier decisión en el seno de la Administración, como así se ha podido poner de manifiesto en el transcurso de las comparecencias. Y en ello nos encontramos actualmente con toda la documentación y comparecencias oídas, en intentar depurar y concretar las responsabilidades políticas que se han producido. Y lo que tenemos muy claro es que, tal y como anunció nuestro portavoz Juan Marín, se determinarán las responsabilidades políticas que se hayan sucedido y que puedan existir en la actualidad, pidiendo, en su caso, las correspondientes dimisiones.

2 No es que lo creamos, es que es el objetivo de este grupo cuando planteó esta comisión de investigación. El fin de ella siempre dijimos que era tanto depurar las responsabilidades políticas, como el poner de relieve las incidencias o irregularidades para evitar que lo ocurrido pudiera volver a producirse en el seno de esta comunidad. En la consecución de este objetivo se encuentra inherente el hecho de que la comisión de investigación impulsada y presidida por C’s acabe con conclusiones, y no lo que ha sucedido en otras comisiones de este Parlamento. Ciudadanos consensuó por unanimidad un listado de comparecientes, un plan de trabajo, etc. Y ahora nuestro objetivo es que a diferencia de los ERE, haya un dictamen final compartido por todos, si es que verdaderamente hay interés en saber qué ha pasado y no se anteponen los intereses partidistas de cada formación política al interés general. Muchos dijeron que C’s impediría esta comisión o que no sentaríamos a 27 años de gobiernos socialistas, como hemos hecho. Y a diferencia de aquéllos que se han ido a la Feria de Sevilla o que no han querido venir a dar explicaciones a los andaluces, C’s es el único partido que ha querido saber qué ha pasado con las subvenciones que iban destinadas a los desempleados andaluces.

ELENA CORTÉS (IULV-CA)

«Ni calvo ni con tres pelucas; ni el todo es corrupción del PP ni la mudanza del PSOE»

1 Estamos trabajando en este asunto y por ahora no tenemos cerradas unas conclusiones. Pero sí establecemos que existen diferentes grados de responsabilidad. Creemos que existe responsabilidad política en quienes diseñaron las órdenes de subvenciones, en quienes establecieron los procedimientos de selección, asignación y fiscalización. Por tanto, existe una responsabilidad del Consejo de Gobierno. Pero el asunto es complejo y, por ende, las conclusiones deben serlo también. Sin ánimo de dar nada por cerrado, podemos establecer una responsabilidad política inmediata de las direcciones generales de la Consejería de Empleo y de los viceconsejeros, porque, en definitiva, son los responsables de la coordinación de la acción ejecutiva del Gobierno; y esto implica una responsabilidad subsidiaria de los consejeros. En relación a los presidentes de la Junta, podríamos advertir una responsabilidad mediata, en tanto son responsables últimos del descontrol en la Administración andaluza respecto a la fiscalización de los expedientes. De lo que estamos convencidos es de que el problema no está en que hubiera cursos que no se hicieron, sino en que no había mecanismos para garantizar la evaluación y fiscalización y que nadie sabía si se habían ejecutado.

2 Nuestro deseo es que haya unas conclusiones avaladas por el Pleno del Parlamento. Pero hay que ser sinceros: la actitud irresponsable que han mantenido PP y PSOE durante la comisión augura que no será fácil. Es más, difícilmente las habrá. Y es importante que insistamos en una cuestión: en los ERE hubo conclusiones aunque torpedeadas por una connivencia entre PP y PSOE que, situados en los extremos, hicieron imposible llegar a buen puerto. La síntesis que presentó Ignacio García (IU) era brillante. Hay que ser dialécticos y dejar de lado los maximalismos que sólo responden a estrategias electorales. En el presunto fraude de la formación no podemos caer en ese error. Ni calvo ni con tres pelucas; ni la teoría del PP de que todo en la Junta es corrupción; ni tampoco la teoría del PSOE de que el único responsable es la empresa de mudanzas que no ordenaba bien los expedientes al cambiarlos de sitio. Esperamos que la nueva pluralidad de la Cámara ayude al rigor y a establecer conclusiones sensatas porque, de lo contrario, si PP y PSOE se empeñan en defender posturas maximalistas, estarán contribuyendo al descrédito de la tarea investigadora del Parlamento.