Tiempo perdido para Andalucía y ganado para las luchas partidistas

Los 61 diputados andaluces elegidos el 20 de diciembre en las urnas dejarán sus escaños la próxima semana ante la convocatoria de nuevas elecciones. Cuatro años de «contrato» reducidos a algo más de tres meses por la falta de acuerdo para formar Gobierno.

El 26 de junio estarán llamados de nuevo a expresarse en las urnas 6,5 millones de andaluces. El 20D respondieron a esa llamada 4,48 millones de ciudadanos, rebajando el índice de abstención al 28,6%, según datos del Ministerio del Interior, tres puntos menos que en la cita de 2011, cuando la cifra rozó los dos millones.

El PP había obtenido ese año 33 escaños; actualmente ostenta 21, una brutal caída que le hizo perder un tercio de sus diputados. El PSOE, fuerza más votada en la comunidad, obtuvo 22 diputados, tres menos que en 2011. Podemos y Ciudadanos recogieron en su primera cosecha 10 y 8 escaños, respectivamente, dejando a IU sin representación pese al cuarto de millón de votos de respaldo –perdiendo cien mil respecto a los últimos comicios–.

El nuevo reparto, que confirmaba la apertura iniciada en el Parlamento andaluz unos meses antes, en marzo de 2015, sufrirá cambios a partir del 27 de junio. La más que probable unión de IU y Podemos y la inédita reedición electoral actúan como condicionantes para un electorado que nunca ha bajado del 68% en su participación. Precisamente en 2011 se marcó ese nivel mínimo, que subió tres puntos el pasado diciembre pese a las previsiones que auguraban una mayor asistencia. El desencanto tras casi cuatro meses de negociaciones fallidas por parte de los candidatos a la presidencia –todos repetirán, a la espera de la fórmula que adopten IU y Podemos para su unión– puede actuar como inhibidor.

La aritmética elevaría al millón de votos el respaldo a la alianza de izquierdas, que supondría además cambios internos en las listas: unos saldrán para que otros puedan entrar. En el PSOE, Ciudadanos y PP se prevé que las alteraciones sean mínimas, pero el examen puede acarrear serios disgustos a más de un político que creía tener a salvo su puesto durante los próximos cuatro años.

LA RAZÓN ha sondeado a un diputado de cada formación sobre su desempeño y su visión de esta brevísima legislatura, por la que seguirán cobrando un mínimo de 4.637 euros al mes hasta que se constituyan las nuevas Cortes. Los cuatro partidos con representación –Podemos, Ciudadanos, PSOE y PP– defienden su labor en pro de los intereses de Andalucía pese al clima de desgobierno y coinciden en una visión: responsabilizar al oponente de la falta de un acuerdo para formar Gobierno. La autocrítica tampoco está llamada a comparecer en esta ocasión.

Entre el «tiempo perdido» y los estrenos

PSOE y PP son los únicos partidos que consideran como «tiempo perdido» la XI Legislatura. «Se ha perdido una ocasión de aprobar un plan de empleo para Andalucía, una ocasión para combatir la pobreza y la exclusión social, para seguir avanzando en derechos y blindando el Estado del Bienestar y una ocasión para sentar las bases de una financiación justa y equitativa», según Amalia Rodríguez, diputada socialista por Sevilla.

Rodríguez critica asimismo que «en lugar de eso se ha convertido en un tiempo en que un Gobierno en funciones, que no tiene los apoyos parlamentarios, ha intentado aprobar objetivos de déficit para las comunidades autónomas de una manera imposible». «Son los ciudadanos los que deciden qué rumbo debe tomar el país y no un Gobierno en funciones que otros, como Podemos, no han querido cambiar», insiste.

Para el portavoz adjunto del PP y diputado por Granada, Carlos Rojas, «todo ha sido muy extraño y sin duda se ha perdido un tiempo precioso para Andalucía y para toda España. Todo ese teatrillo de pactos imposibles y postureo que hemos vivido los españoles con la actitud de ciertos grupos políticos ha sido lamentable y en ese sentido, una pérdida de tiempo», lamenta. En su opinión, «por ser positivo, este tiempo ha servido para conocer un poco más a aquellos que cambian de opinión según se pueden acercar al poder a costa de lo que sea y de pactar con quien sea».

Rojas considera que «el tiempo perdido en Andalucía realmente lo representan por desgracia el Gobierno de Susana Díaz y el PSOE. En materia de empleo, en educación y en sanidad, las cosas no avanzan o van a menos, y eso es lamentable y un verdadero parón de un Gobierno que nos tiene además a los andaluces con los impuestos más altos de España».

La formación morada, que irrumpió por primera vez en el Congreso en enero, devuelve las críticas y responsabiliza al PSOE de la falta de acuerdo: «Hay una nueva mayoría parlamentaria tras el 20D que posibilitaría constituir un Gobierno de coalición y progreso. Lamentablemente el PSOE no se ha atrevido aún a dar el siguiente paso para no solo evitar las políticas de recortes del Partido Popular, sino empezar a aprobar medidas en beneficio de la gente», señala David Bravo, diputado por Almería. Ciudadanos, que también se estrenó en esta legislatura en la Cámara Baja, mantiene que «en modo alguno puede entenderse como tiempo perdido el transcurrido desde el 20-D». Francisco Javier Cano, electo por Cádiz, resalta que «el Congreso genera una actividad parlamentaria que absorbe a los diputados gran parte de la jornada. Durante este tiempo se ha sembrado una nueva forma de iniciativas político-parlamentarias que se han materializado en el Acuerdo de Gobierno Reformista y de Progreso suscrito por C’s y PSOE, comprensivo de 200 medidas innovadoras cuya aplicación viene demandando la sociedad española, a pesar de que el Partido Popular no ha sabido o querido entender».

Una batería de iniciativas sin ejecutar

En sus respuestas, los cuatro diputados ensalzan el trabajo desarrollado en los escasos tres meses que han ejercido como tales. Rodríguez señala «la PNL que presenté reivindicando el cumplimiento del convenio suscrito entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Junta de Andalucía por el que se modernizaría y ampliaría el Museo de Bellas Artes de Sevilla, cuyas obras ya tenían que haber terminado y, no sólo no han empezado, sino que en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 no hay consignación presupuestaria». En este sentido, lamenta que la segunda pinacoteca de España tenga «valiosas obras almacenadas por falta de espacio. Su ampliación tendría gran repercusión socioeconómica en los sectores del turismo y la cultura de la ciudad».

Como portavoz adjunta socialista de la Comisión del Pacto de Toledo defendió la creación de una subcomisión que aportara soluciones a los graves problemas que tienen los trabajadores autónomos como consecuencia del régimen especial de seguridad social al que están sometidos. «Los trabajadores autónomos tendrán que esperar porque la pinza PP-Podemos ha decidido que su situación no corre prisa solucionarla», desliza.

Los socialistas han elevado cerca de 700 propuestas nacionales, de las que su diputada distingue la PNL sobre la supresión de peonadas para que los trabajadores del campo puedan acogerse al subsidio, que fue aprobada por la Comisión de Empleo y Seguridad Social. «Entendemos que una vez aprobada vincula al Gobierno aunque esté en funciones, por lo que tenía que haber procedido a tomar las medidas oportunas para hacerla efectiva. Sin embargo lamentablemente hasta el momento no ha sido así», dice.

Respecto a su papel como diputada por Sevilla, explica que «ha sido recoger las necesidades de las personas y colectivos de mi provincia y transformarlos en iniciativas parlamentarias con el fin de darles solución, buscando siempre la complicidad y el apoyo del Grupo Socialista y otras fuerzas políticas cercanas, de Andalucía o de otros territorios, que tienen los mismos o similares problemas».

C’s ha presentado en este período once iniciativas con incidencia en Andalucía, relativas a temas tan dispares como la desafectación de terrenos militares en Cádiz, conocer el estado de las obras de la línea férrea Algeciras-Madrid o los plazos de inicio y ejecución del acceso norte al aeropuerto de Málaga; así como otras sobre la extracción de gas en el Parque Natural de Doñana, el AVE Murcia-Almería o las obras de acceso norte Algeciras I y II. «Mi principal aportación para la provincia de Cádiz es que he traído a Madrid el nombre y las reivindicaciones de la zona, desde el Campo de Gibraltar hasta la Bahía», argumenta Cano.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Carlos Rojas, destaca entre las medidas debatidas a petición de su grupo una convalidación del decreto ley por el que se prorroga el programa de activación para el empleo «fundamental para miles de familias andaluzas», una proposición de Ley de segunda oportunidad y reducción de las cargas financieras y otras medidas de orden social; otra proposición no de Ley relativa a la Unidad de España, donde Andalucía juega un papel muy importante, otra relativa a un gran pacto por la Educación, que para Andalucía es más necesario que nunca».

El también diputado por Granada detalla que «registradas y admitidas a trámite tenemos iniciativas como la de potenciar la contratación indefinida; a seguir reduciendo el abandono escolar; otra relativa a medidas de protección integral contra la violencia de género; otra de continuidad de recuperación económica y creación de empleo; de protección del medio ambiente; o una proposición no de ley relativa al apoyo a las personas con discapacidad». «Además hay que destacar que hemos llegado a bastantes acuerdos en temas como refugiados, algunas propuestas educativas o de infraestructuras», asegura.

A título personal, valora que su aportación «está siendo muy positiva desde la responsabilidad que tenemos como grupo mayoritario de la Cámara en una corta legislatura donde muchos han estado haciendo una especie de teatrillo y donde ha dado la sensación que estaban más dedicados a buscar la foto diaria que a otra cosa».

Bravo defiende que «se han presentado muchas iniciativas en el Congreso, que no está en funciones», entre las que destaca las propuestas sobre aislamiento ferroviario de Almería, los fosfoyesos de Huelva o el anillo ferroviario de Antequera, trasladadas a las respectivas comisiones de trabajo. Podemos ha presentado además una PNL sobre la gestión de la cuenca del Guadalquivir. Por su relevancia para nuestra comunidad, destaca la Ley 25 de Emergencia Social que promueve su partido, «especialmente importante aquí por las tasas de pobreza que sufre nuestra tierra».

Entre las que afectan de forma especial a la comunidad señala «la petición de acortar en seis meses los tiempos de espera de la Ley de Dependencia siendo Andalucía la comunidad con más solicitantes; la comisión sobre la corrupción, un problema en el que lamentablemente Andalucía se equipara con comunidades como Madrid o Valencia; la comisión de investigación sobre el voto rogado que por la alta tasa de emigración afecta sobre todo a Andalucía o Galicia, el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) como los de Algeciras o Tarifa o la derogación de la Ley Montoro y medidas similares que ahogan la financiación local y de las comunidades autónomas».

Prioridades: empleo, bienestar... y un Gobierno

La socialista considera puntos imprescindibles acordar una «revisión del sistema de financiación de las comunidades autonomas para llegar a una financiación justa para Andalucía, acorde con la población a la que tiene que prestar servicios públicos de calidad, y un plan especial de empleo como lo tienen Canarias, Galicia o Extremadura».

C’s enfoca sus prioridades en todas aquellas medidas «necesarias para la creación de empleo y calidad de vida».

Para el popular, «la medida prioritaria que no se ha adoptado es investir a un presidente, a Mariano Rajoy, que es quien ha ganado las elecciones de forma clara y que se pudiera formar un Gobierno estable para nuestro país. Eso era lo verdaderamente prioritario, porque todas estas iniciativas no tienen mucho sentido real sin un Gobierno que las pudiera llevar a cabo». Para terminar, Rojas remarca que «el Partido Popular ganó las elecciones y siempre ha ejercido su responsabilidad con coherencia y respeto, intentando un gran pacto con los partidos constitucionalistas para garantizar cuatro años de estabilidad y progreso en España. Desgraciadamente el PSOE y Ciudadanos no lo han entendido así».