UGT se enfrenta a una devolución de ayudas que sube a 3,6 millones

La Junta le reclama otros 1,8 millones de los programas Orienta de 2009 y 2010.

El Gobierno andaluz reclama a UGT-A la devolución de otras dos subvenciones de 1,8 millones de euros y eleva a 19 los procedimientos de revisión en marcha. Se unen a las dos ayudas de 700.000 y 1,1 millones de euros relativas a negociación colectiva del año 2010 y actividad sindical de 2009 ya pedidas por la Consejería de Economía, Empleo e Innovación al sindicato. Estos dos últimos procedimientos de reintegro se encuentran en fase de alegaciones.

Las devoluciones millonarias, unidas a un horizonte de disminución de las transferencias para formación –la nueva apuesta de Susana Díaz es que sean las propias empresas las que formen a empleados en sus centros de trabajo–, colocan al sindicato al borde del precipicio. Y no hay que perder de vista que probablemente UGT-A aún no ha pasado por el peor tramo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la sede regional del sindicato y el archivo central de Córdoba el 19 y 20 de diciembre. La UCO está trabajando a fondo en el material requisado y extendiendo las pesquisas sobre la ingeniería contable de UGT. Sin embargo, la juez Mercedes Alaya, encargada del caso, ni ha llamado a nadie a declarar ni ha emitido ningún auto de imputaciones –que todo apunta a que las habrá– ni de descripción de delitos. Este melón está por abrir. También está por llegar el resultado de la investigación administrativa abierta por la Comisión Europea tras detectar posibles irregularidades en un programa de formación con cargo a fondos Feder ascendente a medio millón de euros.

Las dos subvenciones que ahora reclama la Consejería de Empleo afectan a los programas Orienta –asesoramiento laboral– de 2009 y 2010, a los que UGT-A cargó facturas irregulares. Se da la circunstancia de que la Junta ha vuelto a conceder al sindicato 3,6 millones de euros para este programa. Inicialmente la asignación era incluso mayor: 6,5 millones. La decisión ha sido muy criticada. El Partido Popular reclamó a la Junta el 4 de diciembre que revocara la ayuda. Sin embargo, la Consejería de Empleo defendió la legitimidad del sindicato para seguir recibiendo subvenciones públicas.

La Consejería de Empleo ha iniciado 19 procedimientos de revisión de ayudas. Cuando compareció el consejero en la Cámara autonómica el pasado 11 de diciembre, los procedimientos en revisión eran 17 y el montante ascendía a 7,5 millones. Además de las cuatro subvenciones con expedientes de reintegro, hay otras 15 en distintas fases de tramitación.

Del total de expedientes, nueve procedimientos se mantienen abiertos en la Dirección General de Relaciones Laborales.

La Dirección General de Seguridad y Salud Laboral ha abierto otros seis procedimientos vinculados al desarrollo de actividades divulgativas y de sensibilización en materia de prevención de Riesgos Laborales. En este área existe otro expediente correspondiente al año 2012 en el que la entidad beneficiaria ha renunciado al cobro de la subvención. En relación con el Servicio Andaluz de Empleo, se han iniciado cuatro procedimientos que afectan a las competencias que ahora recaen en la Dirección General de Políticas Activas de Empleo. La Junta condiciona la actuación al criterio del Gabinete Jurídico.