Un alto cargo de CC OO «vendía» que se hacían ERE «sin problemas»

El «negocio» de los ERE contaba con la bendición de los sindicatos y de la Junta de Andalucía. Esa es la sensación que el director de recursos humanos de la empresa SOS Cuétara durante el segundo semestre de 2003, E. R. G. M., trasladó a los agentes de la Guardia Civil durante su declaración como testigo el 23 de diciembre de 2011. Según apuntó, en una reunión para tratar la reestructuración de personal en una de las fábricas estuvo presente Antonio Perianes, persona que tenía un cargo en la Federación de alimentación de Comisiones Obreras –en la actualidad es secretario general de la Federación de Alimentación del sindicato–. Según consta en el informe de seguimiento elaborado por la UCO y remitido al juzgado de Instrucción 6, Perianes le hizo ver «que se están acometiendo procesos similares en otras empresas en Andalucía sin problemas». El responsable de recursos humanos de SOS Cuétara, según su testimonio, «salió de la reunión con el convencimiento de que tanto por parte de los sindicatos, como por parte de la Junta de Andalucía, se favorecía el proceso del ERE».

Su relato de los hechos coincide con el que realizó también su antecesor en el cargo G.U.C., que declaró en sede policial el 28 de diciembre de 2011. Según su relato, «el presidente del comité de empresa de la planta de Alcolea le presentó a Antonio Perianes quien le dice que le puede poner en contacto con la Junta de Andalucía para que la reestructuración no fuese traumática y para buscar una solución para los trabajadores y para la empresa».

El directivo de SOS Cuétara asistió a una reunión con miembros de la Junta –sin especificar quiénes– y en la que también participaron el presidente del comité de empresa y Perianes. Allí, el Ejecutivo andaluz le trasladó que se comprometía a pagar el 90 por ciento del salario de los trabajadores que se despedían hasta que éstos alcanzaran los 65 años.

El atestado de la UCO es que «la empresa no presentó ninguna solicitud de ayuda sociolaboral» y que «estaba dispuesta a pagar 45 días por año de servicio a cada una de las personas que se incluyeran en el ERE»; y que el Grupo SOS «era suficientemente solvente para la rescisión de los contratos sin necesidad de ayuda».

Por su parte, el secretario de alimentación de CC OO declaró ante los agentes que se limitó a mediar entre la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo –el puesto que ocupaba Francisco Javier Guerrero– y la empresa «para la consecución de un acuerdo entre la empresa y los trabajadores».

Finamente, el ERE se produjo. Vitalia –la principal comisionista junto a Uniter– realizó incluso dos estudios prejubilaciones «sin que la empresa lo solicitara». Una actuación que refuerza algunos de los planteamientos esgrimidos por la juez Mercedes Alaya: que el negocio de los ERE era lucrativo para todos los actores que intervenían, incluidos los sindicatos. En algún auto, la instructora ha esbozado cómo funcionaba la trama, que contaba con la «autoridad pública que permitiría la ilícita disposición de fondos de la Administración, y los sindicatos e intermediarios, que seguirían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio».

En este expediente, Guerrero aprovechó para introducir a su suegra Victorina Madrid Pisabarro, pese a que nunca trabajó en la empresa. La póliza de rentas que suscribió ascendía a 124.455,57 euros. Luego suscribió una segunda por 75.324,63 euros.