Un fondo de sostenibilidad de servicios esenciales como base

Suficiencia financiera, corresponsabilidad y autonomía fiscal, equidad, sostenibilidad y lealtad institucional. Son los cinco pilares del modelo de financiación que defenderá el Gobierno andaluz, que apuesta por la creación de un fondo de sostenibilidad de los servicios públicos esenciales que tome la variable poblacional para no «perpetuar diferencias» entre comunidades. Y es que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, considera que Andalucía está «infrafinanciada» y alerta de que la comunidad ha dejado de recibir 5.522 millones desde 2009 por culpa del actual sistema, curiosamente implantado por Zapatero y bendecido en su día por José Antonio Griñán.

Montero, que ayer participó en el Forum Europa, evaluó este perjuicio tras conocer la liquidación de 2015, año en el que tendría que haber recibido 850 millones para igualar el promedio del resto de comunidades, aplicando el criterio poblacional. En concreto, el Gobierno andaluz ha gestionado 104 euros menos por persona que la media nacional. Es más, la comunidad mejor financiada ha obtenido 791 euros más por habitante que Andalucía en 2015 «sin justificación», según la consejera, que se mostró de acuerdo con la quita de la deuda, pero a las comunidades infrafinanciadas como Andalucía.

Como sucede con la «hucha» de las pensiones, el Gobierno andaluz propone crear un fondo de sostenibilidad que garantice un mínimo de prestación de servicios públicos en toda España. Montero apuesta por una distribución vertical «consensuada y razonada» de los recursos financieros y de los esfuerzos de consolidación fiscal entre los diferentes niveles de gobierno. Y la manera «más justa» sería la utilización de porcentajes relativos en el gasto público total. Montero rechaza la nivelación parcial actual y propone una nivelación total que incluya el conjunto de los servicios públicos. «Queremos que los andaluces tengan las mismas oportunidades que cualquier otro español y eso exige una financiación justa, suficiente y equitativa», explicó. El grupo de trabajo que se va a constituir en el Parlamento tiene mucho trabajo para que los partidos lleguen a un acuerdo.

35 horas y 7.400 empleos

También se refirió Montero a otra negociación con el Estado: el recurso del Gobierno de la aplicación de la jornada de 35 horas semanales para los trabajadores públicos. La consejera advirtió de que la medida, que ahora depende de la aplicación o no de la suspensión cautelar, ha generado en torno a 5.000 empleos desde enero y al iniciarse el curso escolar la cifra podría llegar a 7.400. «Confío en la sensatez del Gobierno. Si creen que deben llevarlo al Constitucional, que lo hagan pero sin pedir la suspensión cautelar. No tiene sentido desmontar la medida para un trimestre», explicó.