Un grupo de ex de Delphi interpondrá una demanda colectiva contra la Junta

Superan los seis los años que hace que Delphi cerró sus puertas en Puerto Real (Cádiz) y provocó que 1.904 trabajadores se quedaran en la calle y el germen de un conflicto laboral que borbotea. Unos 500 operarios buscan aún empleo, pese a que la Junta firmó en julio de 2007 un protocolo por el que éstos entienden que se comprometieron a recolocarlos. El Ejecutivo andaluz zanjó en 2012 de manera unilateral esa vía que les había permitido cobrar salarios y formarse, al estimar que el programa de ayudas no podía prolongarse «sine die». Con esos antecedentes llegó esta semana, en la que se habían depositado «esperanzas». Volvió a reunirse en Sevilla la comisión de seguimiento de este asunto, tras una serie de desencuentros. La Administración puso encima de la mesa un decálogo de medidas similares a las existentes para otros colectivos de parados, pero con el nuevo deber de que los ex de la multinacional tendrían prioridad de acceso a algunas de ellas. Para los sindicatos no fue suficiente al reclamar, entre otras cuestiones, fondos para los afectados que ya no cobran ningún tipo de prestación. Los representantes de la Junta se negaron además a que los pactos se reflejaran en un acta. Gesto que se convirtió en una mecha que prendió otra vez el fuego. Los trabajadores se encerraron por la noche en la sede de la Consejería de Empleo en Sevilla y anunciaron más protestas.

Pero las llamas no se han quedado ahí. Según ha podido saber LA RAZÓN, se ha registrado en el listado de asociaciones de la Junta el Grupo Independiente ex Trabajadores de Delphi, conformado por unos 200 socios. Ha sido el paso previo a otra iniciativa que su portavoz, Jesús Dávila, adelanta a este diario: «Presentaremos una demanda colectiva contra la Junta por inactividad, al considerar que sufrimos un agravio comparativo con respecto a otros trabajadores que han tenido una salida digna». ¿Cuándo? «La próxima semana», barajan. Afirma que se han separado de las «directrices de sindicatos –UGT y CC OO– y Junta». «Van de la mano», apostilla para deslizar que están dispuestos a llevar a cabo «movimientos más contundentes». «Ya no tenemos freno de mano y hay personas muy desesperadas», se justifica.

Dávila matiza que no tienen «nada que reprochar a los compañeros de los sindicatos» implicados con ellos en esta trama pero sí a las organizaciones «a nivel institucional». Les recriminan que «no hayan contestado a ciertas declaraciones» de representantes del Gobierno regional, así como la «pasividad y la dejadez de unos y otros». Pretenden «agotar la vía judicial», conscientes también de que «muchos de los que firmaron nuestros protocolos están imputados en el 'caso ERE'».