Un juzgado investiga un delito de prevaricación en el seno de la Agapa

La denuncia de un funcionario en la que se alerta del riesgo de «situaciones de financiación irregular», entre otras cuestiones, provocó en enero la apertura de diligencias previas.

Un nuevo frente judicial se ha abierto para la Junta a golpe de denuncia desde dentro. El juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ha remitido al 8 testimonio íntegro de las diligencias previas que arrancó en enero por un presunto delito de prevaricación, a raíz de una denuncia del funcionario que prendió la causa ligada a la contratación de medios aéreos para el Plan Infoca que ya investiga ese órgano judicial.

¿A qué se refieren? El escrito de punto de partida abreva de un informe de la Cámara de Cuentas sobre la fiscalización de las fuentes de financiación y de la gestión de recursos humanos en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) del ejercicio 2011 y otro posterior sobre la contratación pública de ese ente relativo a 2012. Se enumeran los supuestos «graves incumplimientos contables y de legalidad» que se desprenden del primero y que, a juicio del denunciante, podrían «ser constitutivos de ilícito penal». Pero va más allá.

En el documento de la Cámara de Cuentas se advertía, entre otros muchos puntos, de que las encomiendas de gestión formalizadas como «encomiendas de capital», al menos «en un 59 por ciento de los expedientes analizados», debieron tramitarse a través «del capítulo de gastos corrientes» y de que más de la mitad de los encargos que la agencia recibía de la Consejería de Agricultura de la que depende, se podrían hacer con los medios de los que ésta dispone, sin necesidad de recurrir a las encomiendas. Ahora el funcionario avisa al juzgado del peso de esa circunstancia, dado que podría «dar lugar a situaciones de financiación irregular» y de «fraude en la contratación» –como, asevera, ha «observado frecuentemente en otros destinos de la Junta»–, tanto «en el caso de que la agencia, a su vez, no refleje los gastos en que incurre en cada encomienda»; como en el supuesto, no descrito en el documento del órgano fiscalizar, de que el ente público «subcontrate estos encargos y no se proceda a justificar» los costes ni «el grado de cumplimiento». Un gasto que, se añade en la denuncia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, quedaría fuera de la fiscalización previa de la Intervención de la Junta. «Como no se puede robar sin fiscalización aguas arriba», condensa el denunciante, «se intenta llevar el dinero aguas abajo e interponer pantalla tras pantalla».

El funcionario deja además en manos de la Justicia, tras su alerta, la comprobación de si en las empresas con las que la agencia subcontrata la ejecución de los encargos, pudieran existir «similitudes de nombres y relaciones familiares y/o comerciales con los altos cargos de la consejería y de la Agapa», así como de los vínculos entre esos directivos y «las personas contratadas» por la agencia «sin estar contemplado, sin mediar procedimiento y sin permitir el libre acceso».

En la nueva denuncia se añade otra novedad respecto al informe de la Cámara de Cuentas. Se apunta que, aunque en aquél no se aludiera a la infracción de las normas legales aplicables a las subvenciones, se podría haber incumplido «la normativa europea en materia de monopolio y ayudas de Estado a empresas».

De otro lado, en el escrito que obra en poder del juzgado se detallan los «incumplimientos» por parte de la Agapa en materia de contratación que se pueden extraer del trabajo fiscalizador relativo a 2012, y que, en opinión de su autor, podrían ser delictivos. Incluye ente ellos las «deficiencias en la justificación de los criterios de adjudicación» seguidos, las anomalías en la aplicación de éstos «y en su baremación», la exigencia de «criterios de solvencia injustificados que vulneran la libre competencia»; o los «fallos en las funciones de la Mesa de Contratación».

Ligado a ese informe de la Cámara de Cuentas, el funcionario pone el acento en que de su estudio se puede colegir que «el procedimiento que sigue la Consejería de Agricultura con la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera es muy parecido al que se utilizó en el llamado ‘fondo de reptiles’ y por el que hay muchos altos cargos de la Junta de Andalucía imputados». Se refiere al «macroproceso» de lo ERE en el que se ha denominado «fondo de reptiles» a la partida presupuestaria 31L que el Ejecutivo regional utilizó para, a través de transferencias de financiación, nutrir las ayudas públicas que ahora escudriñada el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. A ese proceso se suma, como hace constar el denunciante, que la Justicia analiza también el uso de esa herramienta llevado a cabo por parte de otras agencias de la Administración autonómica.