Un perito judicial cifra en 219.650 euros el “descuadre” en una hermandad de Sevilla

Matiza que, si se verifica una transferencia, el pufo sería de 149.660 y el juzgado amplía la investigación

Una gestión contable tiznada por presuntas irregularidades. Eso es lo que investiga el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla con la mirada puesta en la Hermandad del Valle de la capital hispalense. Y para hacerlo necesita más tiempo, por eso su titular, Pilar Ordóñez, ha acordado, en un auto fechado el pasado 22 de mayo al que tuvo acceso LA RAZÓN, «fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la presente instrucción por seis meses», al amparo de lo marcado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por «concurrir causas excepcionales que así lo aconsejan». En la resolución se justifica esa decisión en que «resulta indispensable la culminación» de la fase investigadora «con la ultimación» de diligencias «aún pendientes» que son, a juicio de la magistrada, «sin duda esenciales para cumplir la finalidad de la instrucción» judicial.

Lo que sí existe ya en el ámbito de ese sumario es un informe de un perito judicial que recoge una conclusión alcanzada después de analizar «minuciosamente» estados contables y movimientos bancarios de la mencionada hermandad ligados a los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 y es la siguiente: «Realmente» se ha producido un «descuadre». «El mismo se realiza mediante el falseamiento tanto de la cuenta de caja como la de banco de la hermandad, éstas reflejan pagos de operaciones ficticias, alteración de los importes de los efectos que se pagaban por banco, así como supuestos pagos de operaciones reales, no llegando nunca el dinero al proveedor, arqueo contable de la cuenta de caja mediante una simple anotación contable, es decir, no se justificaba la salida de dinero de la caja para que cuadra la cuenta y, por último, la contabilización de pagos que nunca se llegaron a producir», se asevera en el documento que obra en poder del órgano judicial. El supuesto agujero existente en las cuentas aprobadas en cabildo y elevadas a la autoridad eclesiástica suma «un importe de 219.650,26 euros», a la luz de lo reflejado en ese documento pericial. Según se precisa en éste, el descuadre de caja, la diferencia entre el saldo que manejó la Mayordomía –se encausó al anterior mayordomo de la hermandad– y el real acumulado en 2013, 2014 y 2015 fue de «119.566,26 euros». El de las cuentas del banco de 2011 a 2014 se ha cifrado en «50.198,57» y la cuantía por facturas impagadas se elevó a los «49.895,43 euros». El técnico deja claro al juzgado que el desajuste contable «está sustanciado en la falta de dinero existente en la caja de la hermandad, en la cuenta bancaria y en la existencia de facturas que se han contabilizado como pagadas, pero que no lo estaban en realidad».

Con todo, el perito matiza la existencia en autos de una copia de una orden de transferencia por importe de 70.000 euros, que da por efectuada, salvo que se pruebe lo contrario, con lo que teniendo en cuenta en esa circunstancia, el presunto pufo sería de casi 150.000 euros, 149.650,26 con exactitud.

Este periódico se puso en contacto ayer con el actual hermano mayor, Lucas Maireles, quien rehusó hacer declaraciones sobre las novedades en el proceso, al estar pendiente de una reunión que tendrá la semana que viene con el letrado de la hermandad.