Una interventora de la Junta confirma anomalías pese a la sombra del archivo

Ratifica ante la jueza que le remitieron documentación «ilegible» y que hubo ayudas que no se justificaron en plazo.

Buena parte de los implicados en el «macroproceso» que investiga lo sucedido en los cursos de formación subvenciones por el Ejecutivo regional esperan sin disimulo el archivo de la pieza política, la centrada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en la que están encausadas 24 personas por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude en subvenciones, entre ellos el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, ex directores generales, o los ex delegados del ramo en las ocho provincias de la comunidad. Y lo hacen, dado que desde el órgano judicial se filtró hace semanas la intención, respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, de dar carpetazo a esas diligencias, pese a que aún quedaban declaraciones pendientes. De hecho, ayer compareció como testigo, después de dos posposiciones por enfermedad, la interventora de la Junta en Sevilla, Victoria López Gutiérrez, quien, según apuntaron fuentes del caso a LA RAZÓN, ratificó en sede judicial las dificultades que tuvo para elaborar en 2014 su informe sobre las subvenciones a la formación, que ya había narrado en el seno de la comisión de investigación parlamentaria que analiza este supuesto fraude. López Gutiérrez relató ante la jueza que recibió por parte del Gobierno autonómico documentación «ilegible», «incompleta» y «desordenada» para llevar a cabo su labor de control, incluso «pen drives» cuyo contenido no era posible rescatar. Pese a esos envíos defectuosos, detectó, entre otras cuestiones, «expedientes en los que se había excedido el plazo de justificación» del dinero público repartido. A ello, la interventora sumó que desde Empleo le trasladaron que «el 50 por ciento» de las subvenciones estaban incluidas en resoluciones de exceptuación –las conocidas como exoneraciones que permitían no haber acreditado a tiempo el buen uso de los fondos antes de recibir otros–, pero era frecuente que hasta ella «no llegaran» dichas resoluciones para poder comprobar la veracidad de esa circunstancia. Las fuentes consultadas desvelan que Gutiérrez «se mantuvo firme en la ausencia de justificaciones en plazo», pese a las intervenciones de la Fiscalía encaminadas a «restar importancia a lo que decía en el contexto de los tiempos que se manejan en una Administración». Además de López Gutiérrez estaban llamados y comparecieron en el juzgado otros dos investigados durante la jornada: María Dolores Pereira y Pablo Alcalde Pancorbo quienes fueron interrogados por puntos relacionados con el funcionamiento del entramado empresarial que armó el ex consejero Ángel Ojeda, investigado en el ámbito de la «macrocausa» formativa por los posibles delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones. La actividad de empresas integrantes del Grupo Prescal centró sus intervenciones.

La cuñada de Ojeda defiende la legalidad de su actuación pero se niega a contestar al PP

La ex directora general de Formación Profesional para el Empleo María Teresa Florido, cuñada del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, quería ejercer su derecho a matizar y ha comparecido a petición propia en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Fue detenida por la Guardia Civil en marzo de 2015 en el marco de la operación etiquetada como «Barrado» por el presunto desvío de subvenciones para formación de la Junta y ayer se quejó ante la actual titular del órgano judicial, María Núñez Bolaños –sustituta de Mercedes Alaya–, por ese arresto y por la «persecución» a la que, según afirmó, se ha visto sometida. Tras deslizar que «no había comido ni dormido» cuando hizo su primera declaración –ante Alaya–, fuentes de la causa desvelaron a LA RAZÓN que «hizo sus precisiones en fechas», para encuadrar luego su actuación administrativa al frente de la Dirección General en el «ámbito de la legalidad» y negar que hubiera ninguna «trama».

La ex alto cargo dijo confiar plenamente en los funcionarios de su departamento y quiso dejar claro que nunca apreció «ilegalidad» alguna en la concesión ni la tramitación de las ayudas, para protagonizar luego un momento de tensión con la representante procesal del PP, personado en la causa, Lourdes Fuster, a cuyas preguntas se negó a contestar. Cuando estaba en el uso de la palabra, Florido se refirió al actual delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y al ex alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, momento en el que Fuster «se vio obligada a intervenir» para defender a sus clientes «ante la dejadez de la jueza», según confirmó la letrada a este diario. La abogada buscó el amparo de Núñez, dado que «ésta ha marcado distancia siempre entre lo que sucede en el juzgado y los discursos políticos o las comparecencias de la comisión que investiga este tema en el Parlamento andaluz e incluso ha advertido que no iba a admitir que ningún abogado trajera a la causa esas declaraciones», según ha podido saber este periódico. Sin embargo, en esta ocasión la magistrada replicó a la representante del PP que quién decidía «si seguía o no hablando era ella», a lo que la aludida contestó que «se imaginaba» que le dejaría hacerlo. Un final de jornada de alto voltaje.