Una jueza busca comprobar si hubo «manipulación» del registro minero andaluz

La instructora del «caso Aznalcóllar» pide documentos a la Junta y descarta por ahora nuevas imputaciones

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha vuelto a marcar el rumbo del denominado «caso Aznalcóllar» que gira en torno a la adjudicación de esa mina por la Junta a Minorbis-Grupo México a través de un concurso público. Ecologistas en Acción elevó al órgano judicial un escrito en el que pedía de nuevo a la magistrada que tomara declaración «en calidad de imputados» a tres miembros de la mesa de contratación, Juan Manuel R., Salvador C. e Iván M; y le advertía de que se había «podido producir una posible manipulación en el Registro Minero de Andalucía», como ya informó LA RAZÓN.

La instructora ha determinado que «no procede en la fase actual de la presente instrucción acordar la declaración de nuevos investigados», si bien matiza, que esto es «sin perjuicio de lo que pueda resultar» tras la recepción de un exhorto que tiene que cumplimentar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que insta a hacerlo. Lo que sí estima «necesario y relevante» para la investigación la jueza, y así lo expresa en una providencia a la que accedió este periódico fechada el pasado 16 de octubre, es que «se libre oficio al responsable del Registro Minero de la provincia de Sevilla, jefe del servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio», como habían solicitado los ecologistas, para que aporte una serie de copias autentificadas, ligadas al aviso de posible manipulación del registro. Demanda en primer lugar una reproducción de «la Resolución de otorgamiento a la entidad Minorbis-Grupo México de la concesión minera denominada Zona Aznalcóllar de recursos de la sección C) RSC número 7953, con todos los documentos adjuntos que pueda llevar» y de su notificación al «beneficiario»; a lo que suma otra del «título a favor» de la misma agrupación empresarial de la concesión y de su «traslado» al «titular y/o de la recepción de ese título» por éste. No se queda ahí. Fernández reclama además una copia autentificada de «la Resolución de otorgamiento a la entidad Minera Los Frailes de la concesión minera denominada Zona Aznalcóllar de los recursos de la sección C) RSC número 7.976, con todos los documentos adjuntos» también en ese caso y la notificación al agraciado con ella, así como del «título a favor» de esa entidad y de su transmisión al «titular y/o de la recepción» de éste «por su titular». No será hasta que analice toda esa documentación que pretende recabar, cuando la magistrada resuelva acerca de si es o no «pertinente» que declare como testigo el mencionado jefe de servicio de Industria, Energía y Minas, como pretendían los conservacionistas.

La organización «verde» alertó al órgano judicial sevillano de que «en el Registro Minero de Andalucía de la Consejería de Empleo» habían llegado a constar «informaciones contradictorias», al existir una ficha en la que se hilvanaba el yacimiento a Minorbis-Grupo México y otra en la que se le daba a Minera Los Frailes, si bien «las coordenadas de ambas concesiones directas de explotación son idénticas» y en ambas ocasiones «se identifica como fecha de otorgamiento el 25 de febrero», disparó.