Unos 60 ex asesores del SAE acusan a la Junta de despedirlos de forma ilegal

Más de medio centenar de ex asesores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta ha interpuesto ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo una demanda de reclamación previa contra los actos que adoptó el departamento de Antonio Ávila para despedirlos. ¿El motivo? Entienden que se han vulnerado derechos fundamentales y la legislación vigente en materia laboral.

El colectivo, cuya representación legal ostenta Fernando de Pablo, defiende que «debió tramitarse el correspondiente expediente de regulación de empleo (ERE) por despido colectivo, al tratarse de más de 400 extinciones de contratos de trabajo», que se llevaron a cabo «de forma irregular». Consideran, asimismo, que el Ejecutivo autonómico ha vulnerado el derecho de igualdad y «no ha respetado el deber de negociación que era exigible, provocando con ello graves perjuicios a los demandantes». ¿En qué sentido? Aseguran que el procedimiento seguido ha impedido conocer a los afectados «las verdaderas razones del despido masivo» encubierto y la capacidad para negociar derechos económicos y de otra índole.

Es más, roza el humor negro para estos alrededor de sesenta ex asesores que, tras su salida, el Gobierno andaluz haya anunciado que «contratará a más de 300 trabajadores para los servicios del SAE, cuando hace poco menos de dos meses se nos ha despedido a nosotros», lanzan. Están convencidos de que con su cese se ha cometido una «clara ilegalidad», además de suponer «una improvisación con la que se ha causado un daño» a los andaluces, sobre todo, al más del millón de parados que existe en la región.

De hecho, advierten: «De continuar con nuestros despidos, además de estar cometiendo una ilegalidad, se puede producir un claro perjuicio a los intereses y fondos públicos, toda vez que la estimación de nuestras demandas provocará el exigible pago de los salarios de tramitación y el reingreso a nuestros puestos y funciones, además de un posible desembolso duplicado –a los asesores contratados después–». «Y ello, en un momento –apostillan–, en el que se supone hay que controlar el gasto».

Desde esa óptica, recuerdan que los Grupos Parlamentarios de PSOE, IULV-CA –partidos que gobiernan la Junta en coalición– y PP «asumieron las demandas» que formularon y respaldaron su reincorporación «tan pronto como las necesidades de las oficinas del SAE así lo demandaran». «Y es evidente», deslizan, que «ese hecho ya se ha producido, que los planes de empleo comprometidos –por el presidente andaluz, José Antonio Griñán– no se pueden ejecutar sin el apoyo de los servicios que se prestan por los empleados de las referidas oficinas, quienes aunque realizan un esfuerzo máximo para atender a los desempleados, es obvio que no llegan». «Se necesitan más trabajadores», insisten.

Tras la siembra de argumentos exigen al Ejecutivo regional no sólo que cumpla esos compromisos, sino «la propia ley». Lo instan, además, a respetar «los derechos de negociación y de igualdad para con todos los ciudadanos». De Pablo no descarta continuar con el proceso en los tribunales si no se atienden las reclamaciones de sus clientes. Cuenta con un curioso asesor en la sombra: el ex consejero de Empleo Antonio Fernández.

Licenciado en Derecho y experto en el área laboral, se ha convertido en el primer ex consejero de la Junta imputado, en concreto en la causa de los ERE fraudulentos que investiga la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. El también histórico dirigente del PSOE jerezano conoce bien los entresijos de una Consejería, la de Empleo, en la que aterrizó en 1995 como viceconsejero y donde llegó a ser el titular desde 2004 a 2010.

Alaya lo mandó a la cárcel. Ingresó en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, entre cuyas paredes permaneció más de tres meses y que pudo abandonar en agosto tras abonar 45.000 euros de fianza. Tiempo después, Fernández hizo pública su intención de volver a ejercer de abogado. De momento, ha sido requerido por De Pablo para poner sus conocimientos al servicio del colectivo de ex asesores del SAE que ha decidido enfrentarse a la Consejería de la que llevó las riendas y al Gobierno del que durante años formó parte.