Villalobos niega «oscurantismo» pero no la trama de enchufismo

La sentencia que declara el derecho del Grupo popular de la Diputación de Sevilla a acceder, en materia de información y documentación, a aspectos como la relación nominativa de la plantilla o los contratos de alta dirección de las sociedades y organismos provinciales fue un tema abordado en el pleno ordinario de ayer. El Grupo popular interrogó al Gobierno socialista sobre el cumplimiento de la sentencia y Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación, alegó que de las 77 peticiones de información cursadas durante 2012, la institución sólo denegó «dos y parcialmente una tercera».

Villalobos argumentó que la institución no había facilitado al PP la información solicitada al detectar los servicios jurídicos «contradicciones» o incidencias, asegurando que «nunca se ha ocultado nada» a la oposición. «No sé de qué oscurantismo hablan», enfatizó el presidente de la Diputación.

El PP veía «vulnerado» su derecho fundamental de acceso a la información y la documentación, toda vez que la Diputación alegaba un intento de utilizar este derecho de forma «desmedida». El PP, en concreto, reclamaba la relación nominativa de la plantilla, la valoración de puestos de trabajo, el número de procesos judiciales en curso en esta materia, «copia de las sentencias condenatorias» relacionadas con los recursos humanos, informes sobre su ejecución o no, un informe sobre la «vida laboral» de la Diputación y los contratos de alta dirección de las sociedades y organismos de la institución.

El «error» de cálculo del PP

El portavoz de la Diputación, Manuel Domínguez, también salió al paso de los números que sobre la plantilla del ente provincial ofreció el PP. Los populares afirmaban que sólo el 5% de los empleados es funcionario y que la inmensa mayoría se encuadraba en personal laboral y eventual. Según el portavoz socialista, «las afirmaciones de Virginia Pérez y Eloy Carmona refrendan una vez más cómo lo único que quiere el PP es emponzoñar a cualquier precio la vida política y desviar la atención del caso Bárcenas».

Para ello, según Domínguez, «la derecha representada en el pleno de la Diputación no tiene ningún reparo en insultar a los trabajadores de la Diputación, falseando descaradamente datos sobre la plantilla, ya que el porcentaje de funcionarios en esta institución asciende al 36,63% del total, frente a la cifra del 5% con la que ellos mintieron ayer». Miembros del partido Popular reconocieron que había sido un error.