Andalucía
Viviendas con vistas al cementerio como respuesta al crack del ladrillo
La Junta regulariza las urbanizaciones con vistas a cementerios como medida de impulso de la construcción. La Administración abre la posibilidad de urbanizar en estos espacios contiguos. La franja de protección se podrá reducir a 50 metros en algunos casos o desaparecer por completo en otros. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que regula las competencias de la Administración en materia de ordenación del territorio y urbanismo. La norma, que sustituye a la vigente desde 2008, permitirá agilizar los trámites administrativos del planeamiento urbanístico «para favorecer la actividad económica» y reforzará las competencias de los órganos resolutorios y participación en estas materias.
El texto establece la creación de las Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística. Estos órganos, que actuarán como cauces únicos de cooperación con los municipios en la tramitación del planeamiento, «integrarán y armonizarán los informes preceptivos que hasta ahora emitían por separado las diferentes consejerías». Su actividad «redundará en una reducción de plazos de respuesta, un ahorro de carga administrativa y económica y una mayor fluidez de la colaboración técnica con las corporaciones locales». Respecto a la tramitación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y de las modificaciones de carácter estructural (las que afectan a la clasificación del suelo, sistemas generales y edificabilidades y usos globales, entre otros aspectos), el nuevo decreto permitirá a los ayuntamientos presentar una única solicitud dirigida a la Junta. La revisión de la documentación y la solicitud de subsanación se realizará de forma conjunta en un máximo de 10 días. La Administración autonómica remitirá sus dictámenes en tres meses.
El decreto faculta a la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía y a sus correspondientes Comisiones Provinciales para que aporten sus sugerencias y observaciones en la fase previa de la tramitación del planeamiento, y no al final, como hasta ahora. Estos órganos colegiados cambian sus denominaciones por las de Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo y Comisiones Territoriales de Ordenación del Territorio y Urbanismo, reduciendo las Comisiones Territoriales de 30 a 14 integrantes. La adaptación de los municipios de la comunidad a la LOUA supone una dotación global de suelo reservado para más de 285.000 viviendas protegidas, así como de suelo disponible –clasificado como «urbano no consolidado» o «urbanizable sectorizado u ordenado»– para más de un millón de viviendas. Las «ciudades principales» y «ciudades medias de primer nivel» pasan a tener las competencias que ya tenían las poblaciones de más de 75.000 habitantes. El decreto también introduce cambios en la regulación de las vías pecuarias, que podrán clasificarse como suelo no urbanizable de especial protección o integrarse en la red de espacios libres de los municipios.
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