El PP contará con los pueblos para acertar con la reforma local

«Es necesario escuchar a los municipios y contar con ellos, porque son los que conocen verdaderamente la situación». Son palabras del secretario ejecutivo de Política Local del PP, Manuel Cobo, quien intervino en León en una jornada informativa sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, dirigida a alcaldes, portavoces y concejales del Partido Popular.

En ella indicó que la reforma estatal y la propuesta de Ordenación del Territorio que lidera la Junta de Castilla y León debe ser «complementarias», porque «no puede haber un texto nacional que difiera» con respecto a la legislación que salga adelante en las Cortes autonómicas.

El político, natural de Ponferrada, indicó que el objetivo que persigue el PP es que «las muchas administraciones que existen en España» puedan prestar un servicio con transparencia, que sea «eficiente» y que tenga el «menor coste» posible. Si esto ocurre, dijo, «el Gobierno no va a cerrar, a clausurar o impedir» a cualquiera de estas administraciones que continúen haciendo su labor. Sin embargo, sí desaparecerán las que «no presenten cuentas y no sean eficaces», algo que, recordó, «exigen los ciudadanos».

Cobo también rompió una lanza en favor de las diputaciones, y señaló que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy incidirá en «reforzar el papel» de las instituciones provinciales.

Flexibilidad

Por su parte, el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, Miguel Ángel García Nieto, se mostró confiado en que «se puedan buscar fórmulas flexibles» para que Castilla y León se sienta reconocida en el texto definitivo de la reforma local que impulsa el Gobierno, informa Efe. En este punto, defendió la necesidad de ser «sensibles» con las «peculiaridades» de una Comunidad que alberga uno de cada cuatro municipios españoles, la mayoría de ellos de menos de 5.000 habitantes.

Mientras, el secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Juan José Zancada, cargó contra el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al considerar que «pretende aprobar una ley con un total desconocimiento en la materia» al pretender intervenir ayuntamientos menores de 5.000 vecinos, pedanías y entidades locales menores.

De igual manera Zancada arremetió contra el Gobierno central por «criminalizar» a los alcaldes y concejales de pueblos pequeños por hacerlos «culpables» del déficit existente en el Estado.

Algo que a su entender no tiene justificación cuando «nueve de cada diez concejales hacen su labor de manera altruista y voluntaria en la Comunidad».

A su juicio, «bajo la excusa de la racionalización, el PP busca la privatización de servicios públicos básicos como la gestión del agua, basuras o piscinas», lo que lamentó, porque, dijo, «buscan que estos servicios se conviertan en negocios para sus amigos».