El Supremo anula definitivamente el Plan de Gestión del Lobo

Varapalo para la Junta y preocupación entre los ganaderos ante el fallo del Tribunal Supremo que anula definitivamente el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León de 2016.

Una decisión que consolida la sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad y que, por lo tanto, desestima, el recurso de casación interpuesto por el Gobierno popular de Juan Vicente Herrera.

El auto explica en los razonamientos jurídicos que la Junta se limita a alegar «lacónicamente» que en el proceso se ha declarado la nulidad de una disposición general, pero nada explica sobre su trascendencia ni sobre la relevancia social y jurídica de los aspectos del decreto declarado nulo. Y agrega que alude «simplemente» a que el plan establece una zonificación basada en la diferente consideración jurídica de la especie en la Comunidad, en función de su situación respecto al río Duero.

La decisión del Supremo contenta a la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), entidad promotora de las denuncias, pero, por el contrario, pone en alerta una vez más a los ganaderos, principales perjudicados por la prohibición de cazar al lobo tanto al norte como al sur del Duero -en esta última zona es especie protegida y la primera hay un recurso judicial que lo impide en estos momentos-, lo que está provocando, según el sector, que haya crecido de forma espectacular la población de lobos (había 400 lobos hace veinte años y ahora hay más de dos mil) y, por ende, los ataques a las cabañas ganaderas. Se calcula al respecto desde las distintas organizaciones agrarias que se producen en torno a los cuatro mil ataques al año.

Los ganaderos aseguran que esta es la peor noticia posible que han podido recibir, pero tienen claro que las resoluciones judiciales hay que acatarlas. Si bien, insisten en que el lobo está en plena expansión y que hay poner remedio de alguna manera porque está en juego el futuro de muchas familias de la Región. «El lobo mata a la cabaña, y perjudica a los ganaderos pero también a todos porque esos animales muertos son alimentos que no llegan después a la sociedad», alertan desde el sector.

Desde Ascel recuerdan que no se puede seguir sosteniendo que una especie protegida pueda ser cazada y aseguran que cualquier otra medida al respecto de la Junta «acabará en la misma papelera», en referencia al Plan de Aprovechamiento cinegético del lobo 2016-2019, suspendido por el TSJ cautelarmente. «Haremos todo lo posible para que la gestión del lobo pase por el respeto de su papel, sin control alguno», insisten, y apuntan que sólo habrá una salida si se cumplen de las leyes europeas, españolas y autonómicas, en favor de la preservación de la biodiversidad, incluyendo aquí al lobo. En la Junta recuerdan que con estas normativas sólo pretenden una buena gestión del lobo y reconocida por la UE, pero a la vez proteger también los intereses de los ganaderos.

Los ataques a la ganadería se disparan un 38,6 por ciento este año

Los ataques de lobo a la cabaña ganadera de la Comunidad se han disparado en lo que llevamos de año. Concretamente, durante los nueves primeros meses de este 2018 se han registrado un total de 1.916, lo que supone que han crecido un 38,6 por ciento respecto al pasado año, según datos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Ataques que han provocado la muerte de 2.709 cabezas de ganado, especialmente mayor, donde se han registrado siete de cada diez muertes. Un problema que se agrava principalmente enlas provincias situadas al sur del río Duero, debido a que en esta zona el lobo es una especie protegida, donde Ávila y Segovia «están masacradas», según los ganaderos, ya que entre ambas registran el 73 por ciento de las agresiones del lobo en la Comunidad, y dos de cada tres muertes.

También destaca el crecimiento porcentual de Valladolid, lo que habla de la presencia de manadas estables. En esta provincia los ataques se han multiplicado por cuatro, con 15 hasta septiembre de 2018, pero han costado 45 muertes, 11 veces más que el pasado año (cuatro pérdidas).

El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones siempre se ha mostrado partidario de apostar por la inclusión en Castilla y León de prácticas importadas de Francia para mejorar la convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva, como por ejemplo que se pueda abrir la posibilidad de que el propietario de los animales y de la explotación ganadera pueda matar al lobo en el momento que este ataca a la cabaña ganadera.

En estos momento, es complicado vaticinar si este tipo de medidas podrían reducir el número de ataques. Mientras tanto, la cifra no deja de subir.

Únicamente en Palencia y en Salamanca se redujeron los ataques. En la primera de ellas cayeron un 26,9 por ciento, con 79, y 86 cabezas muertas (un 15,7 por ciento menos). En la provincia charra bajaron un 49,4 por ciento los primeros, con 42, y un 52,2 por ciento el segundo indicador, con 129. A ellas se suma Soria, donde prácticamente se puede decir que se mantuvieron los indicadores, pues pasó de tres a un ataque y de cinco a tres animales muertos, según informa Ical.

En la actualidad, según el censo 2012-2014, se contabilizan 297 manadas de lobos en España, de los que 191 campean por territorio de Castilla y León, en ocasiones a caballo con otras regiones vecinas.