La central de Garoña escribe los últimos capítulos de su historia. En la madrugada del hoy se producirá una parada ordenada del reactor para trasladar el combustible hasta la piscina. Todo apunta a que sea la última, así lo ha comunicado Nuclenor que hace tan solo unas horas anunciaba el punto y final de una planta atómica que comenzó a ser mediática desde el día de su apertura, en 1971.

Los empleados de Nuclenor trabajan en un inminente escenario de cierre y tienen todo listo para la anunciada parada. Por ello, hace unos días recibieron órdenes de la empresa para iniciar una parada en la segunda quincena del mes de diciembre que hará que gran parte de los trabajadores de la planta atómica se queden en sus casas durante las próximas semanas al aminorar el ritmo de trabajo, y muchos pasen a engrosar las listas del paro.

Sin saber qué les deparará 2013, y ante el convencimiento de que su puesto de trabajo tiene los días contados, desde el comité de empresa, los empleados de la planta recibieron la noticia el pasado lunes como un «auténtico mazazo». «Nos esperábamos un cierre pero no tan temprano», confirmó a Ical el portavoz del comité de empresa de Garoña, Alberto César.

Sabiendo que la noticia iba a conocerse puesto que Nuclenor está obligada a notificar este tipo de acciones al Consejo de Seguridad Nuclear, y tras una marea de titulares, la propietaria de la central explicó que «la parada consiste en el traslado del combustible del núcleo a la piscina de almacenamiento, lo que obligará a un cese parcial de la actividad».

Sin embargo, Nuclenor volvió a guardarse un as debajo de la manga al asegurar durante varios días que «el que se parase el reactor no significaba que cese por completo la actividad», por lo que desde la empresa afirmaron durante bastantes días no conocer si la paralización de la actividad puede ser «temporal o definitiva». Finalmente, el Consejo de Administración de Nuclenor anticipa el cese definitivo de la central con anterioridad al 31 de diciembre, por lo que se va a proceder a desconectar la planta nuclear de Garoña de la red eléctrica a las 23.00 horas.

Los vecinos de las localidades cercanas a la central son las personas directa e indirectamente más afectadas por el cierre de la planta atómica que ha convertido a pequeñas localidades dedicadas al mundo de la agricultura en pueblos con recursos que, de no ser por la central y los beneficios fiscales que acompañan al entorno nuclear, nunca hubieran podido esperar sus vecinos.

«Aquí sabemos si van a cerrar o qué van a hacer porque nadie dice nada», confesó José Angel, vecino de Quintana Martín Galíndez, y responsable del bar de las piscinas municipales. Pese a la «confusión» que afirma se está viviendo en la comarca desde hace «muchos meses», espera que «en el futuro el valle pueda salir adelante y se cree alguna industria que de riqueza a la zona».

Son las voces de quienes llevan años conviviendo con Garoña, como la del propietario del hostal de Quintana Martín Galíndez quien es consciente de que «los negocios se van a ir al traste» porque nadie les asegura que los negocios hosteleros puedan mantenerse con la central cerrada y en plena crisis. En épocas de recarga venía tanta gente que llenábamos por completo y ahora ya no va a ser así, recalcó este vecino a quien le preocupa su negocio y la «inseguridad» a la que deberán hacer frente cientos de familias. ¡

Ley de Medidas Fiscales

El marco en el que se sustentan las decisiones energéticas cambió hace unos días, tras la llegada a escena de la Ley de Medidas Fiscales de Sostenibilidad Energética que grava cada kilogramo trasladado a la piscina de almacenamiento con 2.190 euros. Al parecer, Endesa a Iberdrola han echado cuentas y han visto que mantener Garoña hasta julio de 2013 supondría un coste de más de 150 millones de euros. Por el momento, la citada ley ha sido aprobada en el Senado, aunque aún debe de someterse a votación en el Congreso.

La decisión ha sido comunicada al comité de empresa de la central, «al igual que todas las cuestiones que se han ido tomando», por lo que los trabajadores asumen la parada para los próximos días y se encuentran en una nueva incertidumbre, no saber qué será de ellos desde el próximo 1 de enero.

2012 será recordado como el año que marcó el futuro de la central.

Desde que Nuclenor anunciase el pasado mes de septiembre su decisión de no solicitar la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear, han transcurrido cuatro meses en los que Gobierno y propietarios de Garoña han mantenido encuentros y desencuentros en lo que desde algunos sectores se ha entendido como un pulso entre las eléctricas (Iberdrola y Endesa) y el Gobierno que preside Mariano Rajoy.

Todo comenzó cuando Nuclenor echó cuentas y vio que para mantener la planta hasta 2019 era necesario acometer una inversión de alrededor de 140 millones de euros, lo que fue visto como «una situación de incertidumbre que ponía en duda la viabilidad económica de la planta».

Tras años de promesas electorales, la decisión cayó como un jarro de agua fría en el seno del Gobierno central, después de que en su programa electoral apostase por mantener la central más allá de 2013 y aprobase una orden para prorrogar su vida útil hasta el año 2019.

Ni las conversaciones de Industria, ni las de la Junta de Castilla y León, ni las del propio Partido Popular parecen contentar a los verdaderos dueños de Garoña que estiman que para seguir operando deberán invertir 120 millones en seguridad, cantidad a la que habría que sumar más de 30 millones de impuestos, y otros 150 millones correspondientes a la nueva ley de medidas fiscales.