Los castellanos y leoneses, entre los más vigilados por el Ministerio de Hacienda

Castilla y León se encuentra en el punto de mira del Ministerio de Hacienda. Un marcaje a fondo. Así se desvela en un informe presentado por esta institución pública en la que señala que la Comunidad existe un inspector de Hacienda (unos 350 en total) por cada 7.159 castellanos y leoneses, y siendo la segunda Región en España, en este sentido, sólo por detrás de La Rioja, que es la más vigilada con un inspector por cada 6.440 habitantes. Unos datos mucho más bajos que la media nacional, que alcanza a los 12.263 españoles por cada agente tributario.

La principal misión de estos trabajadores en Castilla y León es comprobar que todos los contribuyentes están al día en sus cumplimientos con Hacienda. Los ingresos que obtienen las comunidades autónomas por la cesión de los tributos de recaudación estatal suelen ser uno de sus principales ingresos a la hora de elaborar los Presupuestos anuales. Ello ha provocado que, por una menor recaudación y por el incremento de la economía sumergida, las cuentas de la Junta se hayan resentido en los últimos años y hace que los castellanos y leoneses se encuentren entre los ciudadanos que más tributan por culpa de los evasores fiscales, al pagar 2.041 euros de más para compensar los impuestos que otros contribuyentes dejan de pagar.

En este sentido, son los ciudadanos segovianos los más castigados con 2.596 euros seguidos por los de Valladolid, con 2.134 euros. Los que menos pagan son los salmantinos, con 1.661 euros, y los abulenses, con 1.428 euros.

Alto fraude

Y es que Castilla y León tiene un alto peso relativo de su economía sumergida frente al Producto Interior Bruto, en torno al 25 por ciento, y por encima de la media española, que llega al 23,3% y bastante superior a la media europea, donde el fraude equivale al 15,1 por ciento. En total, desde Hacienda se resalta que el fraude y la evasión representan una pérdia total de ingresos para la Comunidad por encima de los 5.100 millones de euros.

Es por ello que en el presente año, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad centrará lamayor parte de sus actuaciones en detectar economía sumergida y en controlar si los empleados extranjeros cumplen con los requisitos legales.

En concreto, durante este año está previsto que se desarrollen 18.615 acciones contra los trabajos irregulares, donde se hará especial hincapié en la hostelería, construcción y comercio.

Ya a lo largo del pasado año hubo numerosas quejas de los hosteleros de la Comunidad, ya que agentes del Ministerio de Hacienda se presentaban en sus locales los fines de semana a la hora de mayor afluencia para recabar papeles sobre la situación del local y detectar si los trabajadores del establecimiento cumplían con los requisitos legales.

Asimismo, se realizarán acciones para la vigilancia de bajas indebidas, becarios en situación irregular, falsos autómomos, el uso de trabajadores fijos discontinuos así como contrataciones a tiempo parcial o prácticas de subcontratación.