Barcelona reordena sus terrazas tras el alud de quejas

Las asociaciones de vecinos piden una norma que permita disfrutar del espacio público y que los ciudadanos puedan descansar por la noche
Las asociaciones de vecinos piden una norma que permita disfrutar del espacio público y que los ciudadanos puedan descansar por la noche

En materia de ordenación del espacio publico está comprobado que nunca llueve a gusto de todos. Pero en lo relativo a la ordenanza sobre terrazas del Ayuntamiento de Barcelona nadie parece satisfecho.

El importante incremento del número de licencias que se ha producido en los últimos años –actualmente hay 4.341 licencias, lo que supone un aumento del 11 por ciento respecto a las 3.882 de finales de septiembre de 2011–, especialmente debido a la entrada en vigor de la ley antitabaco, y la necesidad de una norma actualizada que unifique las diferentes regulaciones municipales existentes en la actualidad, hace que nadie ponga en duda la conveniencia de crear una nueva ordenanza sin embargo, los términos en la que ésta ha sido redactada han levantado ampollas entre todos los sectores implicados.

Descanso vecinal

Por un lado, las asociaciones de vecinos reclaman una norma que permita al ciudadano disfrutar de los espacios públicos y garantice el descanso de los vecinos, por otro, los restauradores rechazan profundamente una regulación que autoriza a los comercios alimentarios con degustación a disfrutar de una licencia de terraza, puesto que ello supondría una competencia en desigualdad de condiciones. El caso es que tras dos meses a exposición pública, la nueva ordenanza de terrazas, que en se aprobó inicialmente con los votos a favor de CIU y PP, ha recibido 40 alegaciones, las cuales están siendo ahora estudiadas y tendrán que ser resueltas antes de llevar la ordenanza a la aprobación definitiva.

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb), la nueva ordenanza se interpreta como «un paso adelante en la privatización del espacio público, que tiene una clara afectación en la convivencia cotidiana. Los ciudadanos tenemos cada vez menos espacio en el que relacionarse e interactuar». «La norma aprobada por PP y CIU facilita aún más la ocupación del espacio público por parte de los locales de restauración, cuando a día de hoy ya existen problemas de convivencia», señala Joan Balañach, presidente de la Favb, quien explica que la nueva ordenanza «no limita en cuanto a número de mesas y sillas, crea la figura de los módulos reducidos para las aceras más estrechas y además posibilita que ya no sean sólo los bares y restaurantes los que pueden disponer de una licencia de terraza, sino también los locales de alimentación con degustación».

En esta misma línea, la FAVB se opone a las estructuras fijas permanentes que contempla la normativa ya que considera que éstas ocupan mucho más espacio de suelo público y, visualmente, dan una sensación de cerramiento de las aceras, así como reclaman que la ordenanza recoja la obligatoriedad de los locales de recoger las mesas, sillas y mobiliario de la terraza al ciere, así como de limpiar el espacio público ocupado por la terraza.

Discordancias

Otro de los grandes puntos discordantes entre la Favb y la propuesta de la nueva ordenanza es el de la creación de un Consejo de Gobierno como órgano con potestad para determinar y regular los considerados espacios especiales y las singularidades. Según Balañach, «antes era los distritos quienes regulaban la actividad de estos espacios y creemos que debe seguir siendo así, ya que conocen más de cerca la realidad de esas zonas y permiten una mayor aportación vecinal».

Además, la norma contempla la posibilidad de permitir a los locales de alimentación con degustación tener su propia terraza, lo que a ojos de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona no haría más que aumentar ese proceso de privatización del espacio público al que tanto se oponen, una medida que también es rechazada por el Gremio de Restauración de Barcelona.

«Hemos presentado varias alegaciones, pero en nuestro caso el verdadero conflicto surge a partir de la ampliación de la concesión de terrazas a las comercios de alimentación con degustación que propone la nueva ordenanza», señala Gaieta Farràs, presidente del Gremio de Restauración de Barcelona. A día de hoy, este tipo de establecimientos están autorizados a dedicar una pequeña parte del comercio a la restauración, pero según la normativa deben ser como máximo de 20 metros cuadrados en el interior del local, con lo que con la nueva propuesta en materia de terrazas, entre otras cosas, «estaría incumpliendo o contradiciendo una ordenanza del propio Ayuntamiento», recuerda Farràs, quien denuncia que de ponerse en marcha la nueva ordenanza se estaría promoviendo una «competencia desleal».

«Los requisitos y la normativa de los establecimientos de concurrencia pública como bares y restaurantes son mucho más restrictivos que los de los comercios para alimentación. Así, de aprobarse la nueva ordenanza, entrarían en competencia establecimientos con una normativa diferente», con lo que los restauradores concurrirían en inferioridad de condiciones. «No nos oponemos a nuevos formatos. La nueva medida nos parecería bien, siempre y cuando ésta se lleve a cabo en igualdad de condiciones; que los comercios de degustación soliciten una autorización de bar, por ejemplo», indica Farràs. En cualquier caso, esta posibilidad preocupa y mucho a los restauradores, y es que según el Gremio, con la nueva ordenanza, cerca de 2.500 establecimientos de alimentación con degustación podrían solicitar su licencia de terraza.

Por lo que respecta al resto de contenidos de la nueva norma, Farràs considera que «son salvables» y admite que suponen una «mejor y mayor ordenación de las terrazas». Especialmente satisfecho se mostró el presidente del Gremio de Restauración con la creación de un equipo central de gobierno que regule y coordine los espacios considerados singulares, ya que «antes, bajo el control de los distritos, no existía una unidad de criterio». A día de hoy, se están estudiando todas las alegaciones y el objetivo es poder aprobar el texto definitivo este otoño para que entre en vigor en enero.