Cáritas alerta de que sólo en 2018 lleva atendidas un 25% más de familias sin hogar

Los políticos, empresarios y académicos que hoy se reúnen en Sitges para analizar la situación política y económica de Cataluña, en el marco de las jornadas del Círculo de Economía, no pueden pasar por alto el informe anual que ayer presentó Cáritas de Barcelona.

Los políticos, empresarios y académicos que hoy se reúnen en Sitges para analizar la situación política y económica de Cataluña, en el marco de las jornadas del Círculo de Economía, no pueden pasar por alto el informe anual que ayer presentó Cáritas de Barcelona. Hace dos años, obviaron las advertencias del ex presidente del lobby empresarial, Anton Costas, que llamó a no abandonar en la cuneta a ese tercio de la población al que la crisis había dejado al borde la exclusión. Intentaba impedir que se repitiera la historia de los 90, cuando la economía española crecía a un 5 %, pero un 11 % de las personas que se quedaron sin trabajo durante la crisis no fue capaz de encontrar un empleo y reconstruir una trayectoria vital estable. En dos años, no se han tomado medidas eficientes y el resultado es demoledor. El informe anual de Cáritas confirma el pronóstico de Costas: el 25% de la población se ha quedado en la cuneta de la recuperación. «La precariedad se ha instalado como estilo de vida para muchas personas», avisaba ayer el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets.

La desigualdad ha aumentado durante la crisis: los hogares sin ingresos se han incrementado un 78% entre 2007 y 2017, mientras que los multimillonarios lo han hecho un 13 %. La pobreza no sólo se extiende, también se intensifica. Y en Barcelona, como constató Busquets, «el hecho diferencial en la pobreza es tener o no tener vivienda».

El parque de pisos sociales es ridículo, apenas de un 2%, muy lejos del 30% de ciudades como Berlín, e insuficiente para atender a las familias que se han quedado sin hogar porque no pueden hacer frente al sostenido aumento del coste de la vivienda. Hace 15 días, en el último recuento de personas sin hogar, –que viven en la calle, equipamientos sociales, asentamientos o en coches–, el Ayuntamiento de Barcelona contó a 3.395, casi el doble que hace diez años, cuando arrancó la crisis.

Cáritas también atendió en 2017 al doble de familias que atendía antes de la crisis, a 12.165, cifra que equivale a 22.635 personas. Más de la mitad, un 53% no tenía una vivienda digna. En sólo un año, esta cifra ha aumentado cinco puntos. Un 25 % de las familias (3.061) atendidas viven en una habitación de realquiler, por las que se pagan barbaridades –ayer, en el portal web Idealista, pedían 600 euros mensuales por una habitación en la calle Diputación, más 100 euros de fianza–. Pero aún preocupa másel ritmo al que crecen las familias atendidas que no tienen hogar, un 36% en 2017 y un 25% más en los primeros meses de 2018, de enero a abril. En número redondos, según expuso la responsable de análisis social de la entidad, Míriam Feu, estos porcentajes se traducen en 1.055 hogares acogidos en una entidad social; 877, en casas de amigos o familiares; 743 sin vivienda, y 365 que viven en una casa ocupada. En sólo un año, la ocupación de pisos ha crecido un 28 % y el alquiler de habitaciones, un 18%.

La falta de vivienda rompe proyectos de vida y desestabiliza a las familias. La pobreza se multiplica por dos entre las personas cuyos padres no acabaron ninguna etapa educativa.Y, como alertó Salvador, «las ayudas sociales a las que pueden acceder se convierten en un parche». Cáritas propone a los políticos un pacto que vaya más allá de las legislaturas. Pide construir en Barcelona, como mínimo, 1.500 pisos sociales por año durante los próximos diez para incrementar el parque de vivienda social del 2 al 15%.

También pide revisar las políticas de protección, que cree insuficientes. España dedica el 1,3% del PIB a la protección de la infancia, la Unión Europea, el 2,2 %. Cáritas vuelve a pedir un salario mínimo de 1.000 euros, puesto que el salario mínimo actual está en 736 euros al mes, apenas 15 euros por encima del úmbral de la pobreza situado en 684 euros al mes. Trabajar ya no es garantía de nada, sube del 14 al 17% las personas con trabajo atendidas por Cáritas. También reclama una revisisión de las condiciones para acceder a la renta mínima garantizada y facilidades para legalizar la situación de los inmigrantes.

El 59% de las personas atendidas era extranjera y el 55%, mujeres. En 2018, ha aumentado un 43% las personas que vienen de un país en conflicto, como Honduras, Venezuela, Perú o Colombia.