Cataluña firma el primer acuerdo del Estado para acabar con los guetos en las escuelas

El pacto contra la segregación introduce cambios en la normativa de admisión para mejorar el reparto del alumnado

Hace años que Laia está en la lista del «top 10» de los nombres más puestos en Cataluña. Pero para dos niños de madre senegalesa escolarizados en Barcelona, Laia era un nombre extraño. «Pensaban que el nombre de su profesora era único. Hasta que un día vinieron corriendo hacia mi para explicarme, sorprendidos, que habían descubierto a otra Laia», vino a contar ayer esta madre senagalesa durante el acto previo a la firma del pacto de la segregación escolar en Cataluña. ¿Cómo es posible que dos niños en edad escolar no conocieran uno de los diez nombres de niña más puestos en Cataluña? Porque van a un colegio con una mayoría de alumnos extranjeros.

Hace tres años, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, presentó un informe demoledor donde alertaba de que la segregación escolar se había disparado en Cataluña. Un centenar de escuelas contaba con más de un 50% de alumnado extranjero. Ribó culpó a la Generalitat de no desplegar políticas activas para combatir las escuelas gueto.

El Departamento de Educación y la comunidad educativa reaccionaron. Y ayer, después de tres años de trabajo presentaron el pacto contra la segregación escolar, el primero de este tipo que se firma en el Estado. El acuerdo cuenta con 189 medidas concretas que afectan tanto a las escuelas públicas como a las concertadas. Lo suscriben todos los partidos parlamentarios, a excepción del PP, Ciudadaos y la CUP, casi todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes y entidades de la comunidad educativa. Aunque nace con dos bajas destacadas, el sindicato USTEC y la federación de asociaciones de familias FAPAC, que cree que no despliega medidas necesarias para afrontar el problema y da más privilegios a la concertada. También con un déficit de inversión en educación, debería ser del 6% del PIB y ahora es del 3,9%.

Para conseguir un reparto de los alumnos con necesidades educativas más equilibrado y evitar los guetos escolares, se estrenará un nuevo decreto de admisiones que regule los criterios de acceso el curso 2020-2021. Aunque aún tiene que perfilarse, el próximo curso ya se aplicarán algunas medidas, históricamente demandadas: se retiran los puntos por enfermedades digestivas crónicas y por padres o hermanos ex alumnos.

En los centros de alta complejidad, se limitará la cuota de alumnos con necesidades específicas y no habrá matrícula viva, esto es que no se escolarizará a alumnos extranjeros llegados a mitad de curso. También aumentarán las exigencias de acreditación del criterio de proximidad para perseguir le fraude. Además, hay un paquete de medidas para avanzar hacia la gratuidad de las escuelas en entornos más desfavorecidos. Se quiere hacer una auditoría para saber el precio real de una plaza escolar y se exigirá a las escuelas –públicas y concertadas– que publiquen las cuotas que cobran a las familias. Y se dará más recursos a los centros que escolaricen a niños con necesidades educativas especiales –inmigrantes, con problemas socioeconómicos o discapacitados–. Los centros que no cumplan el pacto podrán ser sancionados.

Cada seis meses se reunirá una comisión se de seguimiento y cada dos años se publicará un informe.

Los centros que no logren revertir el problema podrán ser refundados e incluso se podrán cerrar.

Un pacto cojo

No están en el pacto la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPAC) ni los sindicatos UsTEC-Stes ni de los estudiantes porque ven insuficientes las medidas y «lejos de proteger la educación pública como única garante del derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad, el documento se centra en proponer medidas de carácter económico para la consolidación de los centro concertados». Incluso, se aumenta la financiación pública a estos centros que acojan a alumnos con más necesidades, lamentan. El conseller de Educación, Josep Bargalló, defiende que sin la concertada no se puede lanzar una ofensiva contra la segregación. De los 121 municipios de más de 10.000 habitantes, no están Montroig del Camp y Esplugues. PP y C's reivindican más horas en castellano.