Ciutat Vella
Ciutat Vella abre expediente a 15 prostíbulos ilegales
La Guardia Urbana ha multado en lo que va de año a 91 clientes de la prostitución
La Guardia Urbana ha multado en lo que va de año a 91 clientes de la prostitución.
Este año, el Ayuntamiento de Barcelona ha abierto una quincena de expedientes a otros tantos pisos ilegales en los que se ejerce la prostitución en el distrito de Ciutat Vella, la mayoría de los cuales se encuentran en la conocida «Illa Robador», cuyos vecinos ya denunciaron en agosto el incremento del tráfico de drogas duras y el auge de la prostitución ilegal en el entorno de la plaza Salvador Seguí.
Durante la Audiencia Pública del distrito de Ciutat Vella celebrada el pasado jueves, la concejal Gala Pin señaló, además, que, a lo largo de este año, se han dictaminado siete precintos y seis más están en espera de autorización, mientras que en los meses de verano se llevaron a cabo nueve inspecciones. Paralelamente, durante este 2016, la Guardia Urbana ha impuesto 91 multas a clientes de prostitución, puesto que con la llegada de Ada Colau al Ayuntamiento la tendencia es la de dejar de multar a las prostitutas. Esta cifra de sanciones supone un incremento del 41% respecto a 2015.
Sin embargo, los vecinos de la conocida «Illa Robador» siguen insatisfechos con la actuación del consistorio en este área. Para ellos, la pasividad del Ayuntamiento ha facilitado la proliferación de la prostitución y de los clanes que la controlan en las calles d’En Robador y Sant Rafael, los cuales «perciben la impunidad y ocupan nuevas espacios», denuncia el presidente de la asociación de vecinos Ferran Casademont, quien destaca que ello provoca la marcha del barrio de los vecinos y comercios de proximidad, así como la degradación de la economía social. Para Casademont, los principales problemas que acechan al barrio son el ejercicio de la prostitución de forma intensiva y la afluencia de “sin techo” «debido a la presencia de servicios sociales de baja exigencia que tienen un efecto llamada». Por su parte, Pablo Gómez, miembro de la asociación de vecinos, hace hincapié en que la existencia de estos pisos ilegales provoca «daños» a los vecinos que viven en el inmueble similares a los que generan los pisos turísticos.
Ante la recurrente queja vecinal, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha una revisión del Plan de Acción municipal de 2012, que por ahora ha desembocado en el anuncio de traslado a la plaza Salvador Seguí de su Oficina de vivienda del distrito, la reforma de ampliación del parque infantil y la mejora de la conexión con la Rambla del Raval, así como el fomento de la figura del mediador.
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