Colau pide suprimir el gasto público en la sanidad privada

Con una sanidad estragada por la crisis –en Cataluña los recortes alcanzaron los 15 millones de euros durante el mandato de Boi Ruiz– no es ningún secreto que el actual modelo sanitario público es insostenible si no se llevan a cabo ciertas reformas.

El actual conseller de Salut, Toni Comín, ha apostado por revertir las políticas de su antecesor en el cargo y «recuperar la universalización del sistema». Empezó por echar de la red pública de hospitales a dos centros concertados, el Hospital General de Cataluña y la Clínica del Vallès, a los que se derivaban pacientes del Parc Taulí de Sabadell, con el fin de aligerar las abultadas listas de espera. El tercero en quedar excluido podría ser el Sagrat Cor, también del grupo QuirónSalud.

El objetivo de Comín al frente del departamento de Salud es aumentar el presupuesto de su cartera para terminar con la derivación de pacientes a centros de titularidad privada cuando los públicos se ven desbordados. Para ello, y tal como avisó, se necesitan unos nuevos presupuestos que, como muy pronto, se aprobarían en mayo.

«Menos contratos privados»

Ayer, Ada Colau, acostumbrada a sobrepasar las competencias de su cargo, aplaudió las medidas de Comín pero habló de la necesidad de «dar un paso más allá» en la reforma del actual modelo sanitario catalán para «reducir mercantilizaciones»· Lo hizo presentando dos estudios sobre la privatización sanitaria en Barcelona, que encargó a la Universitat Pompeu Fabra nada más entrar en Ayuntamiento. Según estos informes, el 10% del presupuesto público se destina a contratar la actividad de centros con afán de lucro. En el caso del Sagrat Cor, se aumentó un 25% durante los años de crisis, por lo que pidió que se elimine su concierto.

Los documentos revelan que la privatización también toca el resto de áreas asistenciales. La comisionada de Salud en el Consitorio, Gemma Tarafa, denunció que el 10% de la atención primaria y el 20% de los servicios de salud mental recaen en entidades privadas. Los porcentajes más altos de privatización se dan, no obstante, en otras áreas como el transporte sanitario no urgente (el 100% del servicio), las terapias de rehabilitación (55%), así como la oxigenoterapia o la asistencia en insuficiencia renal.

Tarafa destacó que abordará está cuestión con los responsables del Departamento de Salud el próximo jueves, pero adelantó que «trabajar con la Generalitat en este sentido no pasa por poner cuatro tiritas al modelo». Por ello le pedirá «blindar la sanidad pública» para que «no se vea afectado por los recortes como hasta ahora». Dentro de su margen de maniobra, la comisionada explicó que reabrirán 150 camas del sociosanitario Centre Forum, propiedad del consorcio público Parc Salut Mar, para frenar el trasvase de pacientes que se van a centros con ánimo de lucro.

El conseller Toní Comín, respondió ayer a los informes presentados por la alcaldesa de Barcelona asegurándole que ya ha ordenado una auditoría «profunda y rigurosa, que durará meses», del mapa de derivaciones de ciudadanos enfermos a la sanidad privada en Cataluña. Así podrá «tomar medidas para revertirlas», apostilló.

Estas cuentan con el aval del ejecutivo de Ada Colau, pero no tanto con los expertos en gestión sanitaria. Hace unos meses, la Fundación Victor i Grifols defendió la relación público-privada, siempre que se hagan los controles pertinentes, para que la actividad hospitalaria pública sea eficiente. También el copago de ciertos servicios y medicamentos puesto que de esta forma «el ciudadano hace un uso más responsable de la sanidad, por lo que se reduce su congestión».

Comín tampoco está haciendo amigos entre los profesionales sanitarios que trabajan en los centros que tienen un concierto con el Govern, ya que ven peligrar su puesto de trabajo si se acaban las derivaciones. Tal es el caso de la plantilla del Hospital General de Cataluña, que se ha visto afectada con 230 despidos una vez que salió de la red pública.

Colau también consiguió granjearse las críticas de la plantilla de trabajadores públicos del Consistorio al anunciar ayer el desmantelamiento de la mutua sanitaria que utilizan. Únicamente 9.380 funcionarios tienen derecho a ser atendidos. De ellos 4.648 son jubilados y 4.702 trabajadores en activo. Entre ellos 1.015 pertenecen a la Guardia Urbana.