Colau pide un «pacto de ciudad» sobre los alquileres

La alcaldesa llama a condicionar la rehabilitación de los edificios a los derechos de los inquilinos, limitar las subidas anuales y aumentar los contratos otra vez a cinco años.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acudió ayer a su tradicional encuentro en el Colegio de Periodistas para responder las preguntas de los interesados sobre el presente y el futuro de la ciudad. En su intervención, breve, Colau recuperó uno de los temas que la llevó a la alcaldía: la política de vivienda. No en vano, las elecciones asoman a la vuelta de la esquina y los partidos que conforman en pleno municipal comienzan a tomar posiciones. Así, la alcaldesa abogó por hacer frente a la especulación inmobiliaria desde el Ayuntamiento, con un gran acuerdo de ciudad que incluya, por ejemplo, condicionar la rehabilitación a los derechos de los inquilinos; pero también desde el Gobierno. Es decir, pedir las competencias necesarias para aumentar la duración de los contratos de alquiler y limitar las subidas abusivas en los precios de los mismos. La alcaldesa también anunció una campaña internacional para «reforzar y enriquecer la reputación de Barcelona y aclarar dudas sobre su situación que se hayan podido generar en los últimos meses», antes de que empiece el Mobile World Congress.

«Barcelona es una ciudad global, pero no puede serlo a costa de los vecinos», señaló la alcaldesa en referecnia al proceso de gentrificación de los barrios de la ciudad. Para evitarlo, Colau aboga por medidas de choque que no pueden ser puestas en marcha sólo con sus once concejales. A nivel municipal, el Ayuntamiento tiene competencias en materia de rehabilitación. Por ello, su intención es modificar la ordenanza de licencias de obras de grandes edificios para garantizar los derechos de los inquilinos. A su juicio, «muy a menudo a través de la rehabilitación se aumentan los precios de las viviendas o se convierte en una herramienta para expulsar a los inquilinos». Y recordó que en los últimos años los alquileres han aumentado un 30% en Barcelona».Por ahora, según explicó, el Ayuntamiento ya controla que se cumpla con los derechos de los inquilinos cuando las inmobiliarias requieren del Consistorio para la rehabilitación. Pero muchas de estas empresas tienen financiación suficiente para prescindir de las ayudas del propio Ayuntamiento. Retocar la ordenanza de licencia de obras podría poner fin, o reducir, la especulación inmobiliaria.

La alcaldesa reconoce, sin embargo, que con eso no sería suficiente, por lo que apeló al Gobierno a cambiar la ley de arrendamientos urbanos y devolverla, como mínimo, a su estado anterior. El PP redujo los alquileres de cinco a tres años. Además, como ya han hecho París o Berlín, la alcaldesa propuso limitar las subidas de los precios de los alquileres. Tal y como explicó, a diferencia de hace unos años, el 90% de los desahucios en Barcelona son a causa de los impagos en el alquiler. «Nuestra intención es la creación de un amplio parque de vivienda social, pero no podemos hacer en una legislatura lo que no se ha hecho en décadas», remachó.

A propósito de sus escarceos con los partidos independentistas para cerrar los presupuestos, Colau fue tajante: «No es un acuerdo de gobierno, pero con once concejales necesitamos hablar con el resto de grupos políticos. Y tampoco ha habido un cambio de cromos para investir a un presidente soberanista», apuntó. La alcaldesa tuvo que salir al paso de las críticas sobre renuciar a la interconexión del tranvía a cambio de los presupuestos. «El área metropolitana, los ayuntamientos implicados y la Generalitat estamos a favor. Pero, de nuevo, necesitamos un acuerdo en el Ayuntamiento de Barcelona y estamos a la espera de las conclusiones de la comisión que analiza la interconexión», dijo.

Sobre la campaña internacional, Colau aseguró que los presupuestos municipales serían un primer mensaje de «tranquilidad y confianza».