Denuncian falta de información del Govern con la Renta Garantizada de Ciudadanía

La comisión promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) presentó un recurso potestativo de reposición contra el Govern porque se negó a facilitarles parte de la información que solicitaron, en lo que ven una «vulneración parcial de la Ley de transparencia».

La comisión promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) presentó un recurso potestativo de reposición contra el Govern porque se negó a facilitarles parte de la información que solicitaron, en lo que ven una «vulneración parcial de la Ley de transparencia».

Según el recurso, que fue tramitado ayer por la conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, los impulsores de la prestación presentaron una solicitud de información pública sobre la aplicación de la RGC el 31 de agosto de este año, en aplicación de la Ley catalana de transparencia.

Con fecha de 23 de octubre, les fue notificada una resolución de la Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa de la Generalitat en la que se estima la solicitud de acceso a la información pero en un punto dice que «la información solicitada no está sujeta al régimen de transparencia».

Se trata de la información relativa al personal de las oficinas del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), las Oficinas de atención al ciudadano (OAC) y las de asuntos sociales y familias (OASF), así como el personal encargado de valorar las solicitudes y realizar las resoluciones sobre la tramitación de la RGC.

El representante de la Comisión promotora, Diosdado Toledano, considera en el recurso que, de acuerdo con la legislación, «no puede ser que una resolución sea estimatoria y a la vez parcialmente desestimatoria», y no ve legalmente posible estimar una solicitud y después denegar el acceso a la información.

También defendió que la desestimación tiene que ser con «una motivación legalmente suficiente», por las razones que la ley especifica como motivos de denegación, que consideran que no se da.

Por ello, la comisión solicitó que se dicte una nueva resolución estimando totalmente la solicitud y se traslade a los solicitantes la información.

En abril se supo que esta prestación, que debía comenzar a cobrarse el 15 de septiembre de 2017, tenía más de 40.000 expedientes pendientes de resolución o denegados. Este subsidio se aprobó con retraso , y según esta comisión este año hay demasiadas demoras, de ahí el recurso presentado.