El Gobierno enfurece a los Mossos d’Esquadra constitucionalistas

Denuncian que el ejecutivo socialista ignora sus peticiones de traslado a otros cuerpos policiales del Estado

El cálculo electoral del Gobierno del PSOE está enfureciendo a un sector de los Mossos d’Esquadra, más afines al constitucionalismo. Y ya no solo por el desamparo que sienten desde Moncloa ante determinadas conductas que tienen algunos dirigentes políticos de la Generalitat en materia policial –sobre todo en lo vinculado al «procés» (manifestaciones o huelgas, principalmente)–, sino que ahora también por el poco caso que reciben de una demanda que agrupa a aproximadamente 500 agentes: su traslado a otro cuerpo policial del Estado.

La mayoría de estos agentes tienen el propósito de abandonar la policía catalana, hastiados y damnificados por la instrumentalización política del cuerpo durante el «procés». Para ello, todavía no tienen un resquicio legal habilitado pero tampoco sienten voluntad política del actual Gobierno. En 2015, bajo el Gobierno del PP, se aprobó la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional, que recogía en la disposición adicional cuarta la posibilidad de que «los funcionarios de carrera de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas podrán ingresar en la Policía Nacional, en la escala y categoría equivalente a la que ostenten en su cuerpo de procedencia». Si bien, para desplegar este punto, es necesario un reglamento –solo el Gobierno tiene capacidad para elaborarlo–, que fijaría los «términos y condiciones» del movimiento entre cuerpos.

El desarrollo de esta normativa es lo que están pidiendo con insistencia estos 500 agentes de los Mossos, pero están tropezando con la desatención del PSOE. Así lo denuncian a este diario voces conocedoras de este asunto, que están indignados por las continuas «respuestas dilatorias» que están recibiendo cada vez que se plantea la cuestión. De no obtener una respuesta en el plazo de cuatro meses y medio, la situación podría acabar en los tribunales, ya que tienen la intención de presentar un recurso contencioso-administrativo. Se pidió por escrito a mediados de febrero y el Gobierno tiene tres meses para responder; si no lo hace en ese horizonte temporal, tendrán otros tres meses para responder al recurso que planteen los mossos.

A esta falta de voluntad que detectan, también le recriminan al PSOE los términos en los que afrontan esta petición. «Nos dicen que si se van los constitucionalistas, solo se quedan los independentistas», asegura otra de las voces consultadas por este diario. «Si ese es su temor, están reconociendo un problema mayor, que es político y supera la movilidad. Están actuando con cobardía y metiendo el problema bajo la alfombra», agrega.

Del Gobierno, por tanto, pende que un buen puñado de agentes puedan seguir desarrollando su actividad en otros cuerpos policiales. En la mayoría de casos, defienden, desean salir por el malestar que ha causado la «politización» del cuerpo policial, pero también hay quien quiere marcharse por motivos familiares a otros puntos de España. Es el caso de un agente cuya pareja, con estudios universitarios, no ha podido encontrar trabajo en Cataluña por motivos lingüísticos y están viviendo separados. Otro agente tiene a la familia en Andalucía y está deseando volver a su tierra.