El Govern impulsará otra ley antidesahucios para burlar la suspensión del TC

El diccionario de la Real Academia Española define «cumbre» como «una reunión compuesta por los máximos mandatarios nacionales o internacionales para tratar asuntos de especial importancia». Olvida avisar, como hacen los prospectos de los medicamentos, de que las cumbres corren peligro de acabar en un una fotografía, para evitar disgustos. Este era el mayor miedo de los invitados a la cumbre que ayer convocó el president de la Generalitat para burlar el recurso del Gobierno contra la ley catalana antodesahucios y de pobreza energética. «No venimos a hacernos una foto», repetían alcaldes, portavoces de los partidos con representación parlamentaria y de las entidades sociales como la PAH, a su llegada al Palau de la Generalitat.

Después de más de tres horas de reunión, el mismo Puigdemont confirmó que el encuentro había servido para algo más que para hacerse una foto. Acordaron redactar una nueva ley que deje «sin efectos prácticos» la ley recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) ydé una respuesta a la pobreza energética y los desahucios.

A rey muerto, rey puesto

A las puertas de unas nuevas elecciones, ningún partido quiso correr el riesgo de boicotear un acuerdo para ayudar a los ciudadanos más castigados por la crisis. Al contrario, todos pelean por capitalizar la defensa de los ciudadanos que sufren los daños colaterales del recurso del Gobierno. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, avanzó, por ejemplo, que con la ley recurrida ha frenado 639 desahucios en la capital.

Ayudó también al acuerdo, la actitud de la PAH y de la veintena de entidades convocadas, que avisaron de que no comprarían el discurso victimista al que los soberanistas recurren para echar la culpa de todos sus males al Estado. Aunque Puigdemont convocó el encuentro para responder al recurso del Gobierno contra la ley catalana antidesahucios y de pobreza energética, la PAH se presentó a la cita con un paquete de medidas pragmáticas que abogan por aplicar con determinación lo que se ha salvado.

La víspera de la reunión la PAH había alertado de que apremiaría a la Generalitat a poner en alquiler pisos vacíos, a aumentar la partida presupuestaria en ayudas para el alquiler social y a negociar con las suministradoras para que firmen convenios, den ayudas a fondo perdido y descuentos a las familias en riesgo de exclusión. La coalición que lidera Puigdemont tomó nota y llegó a la cumbre con los deberes hechos, tenía estudiadas qué competencias tiene en materia de vivienda y de servicios sociales para sortear los efectos del recurso del Gobierno.

La nueva ley, además de sustituir «todo aquello suspendido», según detalló Puigdemont recogerá todas las herramientas que ya tiene la Generalitat para responder a la pobreza energética y a la emergencia habitacional. Por ejemplo, incorporará normativas vigentes como la ley de la vivienda de 2007 que permite sancionar a bancos por tener pisos vacíos.

El Govern no perderá tiempo con trámites burocráticos. La nueva ley será exprés, se hará vía lectura única, el procedimiento legislativo que permite legislar con más celeridad. La comisión encargada de los trabajos está la integraán la conselleria de Gobernación, los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular que impulsó la ley recurrida (la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética) y el consejo de la Abogacía de Barcelona. Además de la ley 24/2015, el Gobierno ha recurrido el decreto de pobreza energética contra los cortes de suministros a familias vulnerables y ayer fue aceptado a trámite la ley para crear un impuesto sobre viviendas vacías a grandes propietarios.

Fiel a su talante, Puigdemont no habló de desobediencia. Prefiere burlar el TC con alternativas legales. Pero Colau señaló que para ella la ley sigue vigente. Y la CUP ha convocado una protesta el sábado para ratificar la ley recurrida. Con el tono que caracteriza a la CUP, Benet Salellas acusó al TC de ponerse «al servicio de los ladrones y especuladores», en alusión a la banca y grandes inmobiliarias. El recurso salva a los «tenedores» de ofrecer un alquiler social a un desahuciado y de ceder pisos vacíos. Mientras Colau y la CUP alegan que la ley sigue vigente, los alcaldes metropolitanos pidieron al Govern recursos para hacer frente a la suspensión.

La PAH no ve resultados

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Carlos Macías, lamentó ayer que se hubieran generado «demasiadas expectativas» respecto a la cumbre convocada en el Palau de la Generalitat para defender la ley de Emergencia de Vivienda y Pobreza Energética, en la que, consideró, «no se han acordado acciones concretas». «Nuestra hoja de ruta pretende evitar un retroceso en los derechos que protege la ley recurrida por el Gobierno generando nuevos mecanismos legales para dar cobertura a los artículos suspendidos», afirmó Macías en una conferencia de prensa tras la cumbre entre Govern, grupos parlamentarios y entidades en el Palau de la Generalitat. La PAH exigió, entre otras cosas, la recuperación de viviendas vacías en Cataluña, la posibilidad de sanciones de hasta 900.000 euros por cada piso vacío de la banca, así como una partida presupuestaria para ayudar a las familias a pagar el alquiler y evitar el desahucio en los casos en los que se trate de un pequeño propietario.