Homs se sentará en el banquillo por «impulsar» la consulta del 9-N

Aprecia indicios de un delito de prevaricación administrativa y de desobediencia grave cometido por una autoridad pública en relación con la consulta del 9-N de 2014.

El actual portavoz del Partit Demócrata Catalá y ex conseller de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, se sentará en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo para responder de su intervención en la celebración de la consulta que se celebró el 9 de noviembre de 2014, pese a estar prohibida por el Tribunal Constitucional. Por estos mismos hechos serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a partir del próximo 6 de febrero, el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau.

El magistrado de la Sala de Lo Penal Andrés Palomo del Arco decretó ayer la apertura de juicio oral contra Homs por los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia grave cometido por autoridad. En esa resolución, ya deja claro que será la Sala Penal del Supremo la encargada de juzgarle, aunque perdiese su condición de aforado si renunciara a su condición de diputado en el Congreso.

El magistrado recoge los hechos por los que tendrá que responder, que son los que expuso el Ministerio Fiscal en su petición de apertura de juicio oral, donde solicitaba una pena de 9 años de inhabilitación para el dirigente nacionalista catalán.

En ese escrito, se destaca que Homs no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta –la del 9-N– que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular, impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria, puso los servicios jurídicos de su Departamento a disposición del CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) para ejercer acciones legales ante una eventual suspensión adoptada por empresas privadas, y, en definitiva, «potenció, tras haber conocido la Providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, el desarrollo del denominado “proceso participativo”».

Uno de los aspectos relevantes del escrito de acusación se centra en los trabajos desarrollados por la empresa T-Systems, encargada del dispositivo informático del 9-N tras ser encomendada para ello por el CTTI. En este punto, la participación de Homs resultó «crucial», ya que la empresa adjudicataria, tras conocer la decisión del TC, pidió por carta que se le informara si la realización de los trabajos informáticos imprescindibles para el 9-N quedaba afectada por la prohibición del Alto Tribunal.

Una vez conocida la decisión del Supremo, Homs cuestionó la «imparcialidad» del tribunal que le juzgará, pero en todo caso advirtió de que por la vía de la «judicialización» el Estado no logrará «intimidar» a los catalanes que quieren el referéndum.«Los que creen que el Estado, a base de la judicialización de lo que debería ser el campo de la política, intimidará a Cataluña para que no se haga el referéndum se equivocan», subrayó al respecto Homs.

Quien salió en su apoyo fue el acutal presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,que a través de Twitter señaló que el 9-N fue un día inmenso y de una potencia democrática «que nadie podrá inhabilitar», y terminaba con un elocuente «Mucha fuerza».