Las entidades sociales exigen ampliar las becas comedor y la RMI para proteger a la infancia

BARCELONA– Dos son las prioridades que marcan las entidades sociales para luchar contra la malnutrición infantil. Ampliar las ayudas de la Renta Mínima de Inserción (RMI) y hacer una política de becas de comedor que garantice que todos los pequeños puedan hacer, al menos, una comida en condiciones al día. Un día después de que el Síndic de Greuges alertara de que en Cataluña 50.000 niños sufren carencias alimenticias severas y 751 tienen problemas nutricionales por pobreza extrema, las entidades que trabajan el día a día del hambre coinciden en cuáles son las medidas que la Generalitat debe tomar para revertir a corto plazo una situación que en la práctica pone de manifiesto que el 4 por ciento de los menores de 16 años no come lo suficiente, ni de forma adecuada. Si la situación se cronifica, las consecuencias pueden ser catastróficas, avisan.

«Fue un error acortar el presupuesto de la RMI, el acceso a estas ayudas ahora es prácticamente nulo para nuevas familias que se encuentran sin recursos y las listas de espera son interminables». Es el panorama que pinta Juana Martín, adjunta a la dirección de Cáritas de Barcelona, que apunta que «se está ahorrando dinero de donde no se podía».

En verano de 2011, la Generalitat dio un vuelco al sistema de ayudas a los que ya no tienen ningún tipo de ingreso económico para «evitar el fraude y acabar con las irregularidades». Las entidades sociales entienden que se apretó demasiado un sistema que tenía 32.000 expedientes activos y que a finales de 2012 era de poco más de 23.000 al endurecer las condiciones para acceder a esta prestación de último recurso que suele ser de unos 420 euros al mes. La Generalitat entiende que esta ayuda no es una extensión del paro.

Alimentación básica

Más allá del debate de la RMI, Cáritas afirmó que la «prioridad absoluta» es «realizar un pacto por la ocupación y el trabajo porque las familias no tendrían problemas». Martín aseguró a este periódico que lo primero que pide la gente que solicita sus servicios es conseguir un trabajo. Cáritas atendió en Barcelona el año pasado a 20.100 niños que requerían una atención básica directa y, entre sus múltiples programas, este verano ha puesto en marcha las ayudas a las colonias con la Fundación Pere Tarrés para que los pequeños también tengan actividades propias de la época.

Otra de las entidades que trabaja para paliar los efectos de la pobreza es Cruz Roja, cuyo presidente en Cataluña, Josep Marquès, recordó ayer las cifras por las que puso en marcha un plan para alimentar a niños en vacaciones. Siete de cada diez familias en los programas de riesgo no pueden garantizar una alimentación saludable para sus hijos. Cruz Roja, como Cáritas, señala otro factor clave al que debe hacer frente la Generalitat: revisar el sistema de becas comedor debido al espectacular aumento de la demanda. Los expertos coinciden en que es necesaria una buena planificación y que los recursos lleguen cuando comience el curso. En mayo, la titular de Educación, Irene Rigau, reconoció que la Generalitat debía 35 millones en becas comedor a los consejos comarcales, que tramitan las ayudas a las familias.

El presidente de la Generalitat fue preguntado por el informe del Síndic que remarca que el 28 por ciento de los menores de 16 años (unos 345.000) está en riesgo de ser víctima de la pobreza. Artur Mas negó que en Cataluña «se pase hambre», aunque acabó reconociendo que hay casos de malnutrición que es necesario combatir. «En Cataluña, hay más gente que lo pasa mal que años atrás como consecuencia de la crisis, pero que en Cataluña se pasa hambre no es verdad», aseguró el president, que cree que los datos del Síndic demuestran que en esta autonomía hay malnutrición como «en todas las sociedades avanzadas».

La consellera de Bienestar y Familia, Neus Munté, también fue preguntada por las políticas que se van a llevar a cabo para revertir la situación. Más directa que el president,consideró inaceptable la tasa de pobreza infantil de la sociedad. Luego apuntó que las políticas sociales seguirán siendo «una prioridad» para el Govern.

Control a todas las edades

El PP de Barcelona reclamó ayer que los controles para detectar posibles problemas de malnutrición infantil en la ciudad deben extenderse a las guarderías y jardines de infancia. El presidente del grupo municipal, Alberto Fernández, pidió al Ayuntamiento un «programa de actuación urgente» para los niños de 0 a 3 años, establecer protocolos en los centros de salud y los servicios municipales, así como enviar a través del Consorcio de Educación una carta preventiva a las guarderías, como se ha hecho con las escuelas, para detectar posibles casos de niños con problemas. La formación también solicita un fondo de suficiencia para los niños de esta edad, añadió la concejal Belén Pajares, con el que garantizar su alimentación. Cáritas Diocesana de Barcelona cifra en 8.000 los niños que atiende de 0 a 2 años actualmente con problemas alimenticios.