Se triplica la identificación de menores no acompañados

La Fiscalía acusa la progresiva y creciente llegada de jóvenes extranjeros sin tutelar

La Fiscalía de Menores de Barcelona dictó en 2017 un total de 815 decretos de determinación de minoría de edad de menores no acompañados, casi triplicando la cifra del año anterior, en la que decretó 277 identificaciones de menores, según la Memoria de ese año.

En total, en 2017 se incoaron 1.455 expedientes, un elevado número de expedientes, según el fiscal, que son consecuencia «de la progresiva y creciente llegada a la provincia de Barcelona de menores extranjeros no acompañados», que comportó un incremento considerable en el trabajo de la Fiscalía de guardia.

Concretamente, se dictaron 815 decretos de determinación de minoría de edad, 145 decretos de mayoría y 156 de archivo provisional, y en coordinación con el Instituto de Medicina Legal (Imelec) para dar una respuesta «lo más ágil posible».

En su informe, la Fiscalía constata que la Generalitat, que gestiona los centros de acogida, se ha visto «desbordada» por el aumento de la llegada de menores que requieren atención, si bien considera que en 2017 la actuación protectora de la administración puede calificarse en términos generales positiva y que funciona el servicio de asistencia inmediata en caso de riesgo.

Sin embargo, puntualiza que hubo «muchos problemas para poder dar una respuesta rápida» a la hora de otorgar con la celeridad necesaria la plaza en centros de acogida, por lo que muchos menores permanecieron en dependencias del área de custodia policial del edificio de Fiscalía un tiempo excesivo, de más de 48 horas.

Para el fiscal, ello fue «incompatible con la atención y el trato que deben recibir desde la administración protectora», una situación que cambió después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictara un acuerdo el 24 de octubre del año pasado prohibiendo la pernocta en dependencias judiciales.

Para la Fiscalía, corresponde a la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) adoptar las medidas necesarias para asignar de forma inmediata y «con carácter urgente» la plaza en centro de protección para que los jóvenes estén el tiempo mínimo y estrictamente necesario en la sala de espera del edificio judicial.

Este 2018, en el que se ha mantenido la elevada afluencia de llegada de menores –la Fiscalía no ofreció datos actualizados–, la problemática se ha desplazado a las comisarías de los Mossos d’Esquadra, como la de la plaza de España.