Un organismo de Mas convoca actos contra privatizar el agua en Andalucía

No querer fuera lo que se ha hecho en casa. Un organismo dependiente del departamento de Presidencia de la Generalitat es patrocinador de una convocatoria contra la privatización del agua en Andalucía. La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo es una de las organizadoras del acto que tendrá lugar el próximo 22 de abril en la Casa de la Provincia de Sevilla, que apuesta por convocar una «marea azul de indignación contra la privatización del agua en Andalucía».

En el acto habrá distintas charlas en las que participarán asociaciones y sindicatos y se pondrán ejemplos de «casos estatales de resistencia a la privatización», desde Jerez de la Frontera a Barcelona. Los organizadores en un manifiesto explican que el agua es un «bien común» cuyo «derecho básico obliga a su protección mediante un modelo de gestión no subordinado a la liquidación de beneficios económicos de tal modo que para su obtención se esté obligado imponer las privatizaciones que venimos sufriendo en buena parte de nuestros municipios». También denuncian la «subasta de los servicios públicos de aguas mediante el cobro del llamado canon concesional que los municipios usan para financiar procesos ajenos al ciclo integral del agua».

Cuando menos resulta chocante que un organismo adscrito al departamento de Presidencia de la Generalitat forme parte de la organización de este acto después de los últimos episodios vividos en Cataluña, donde dada la mala situación económica de la Agencia Catalana del Agua (con una deuda que supera los mil millones) ha llevado al Govern a emprender una serie de iniciativas que el sector ha tenido que asumir pese a su oposición frontal.

Fuentes del sector explican que el canon del agua ha subido en Cataluña un 30 por ciento desde que CiU desbancó al tripartito de la Generalitat. Por otra parte, el Govern se encuentra en una situación más que delicada desde que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumbó la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat, la mayor privatización que ha hecho la Generalitat y cuyo futuro puede acabar costando una gran factura porque Acciona pagó 300 millones al cerrarse la operación en diciembre. La compañía, además, deberá ser indemnizada si no prosperan los recursos y deja el suministro del agua en alta en Barcelona y su área metropolitana con una cantidad millonaria que nadie se atreve aún a concretar.