Camps aporta a la juez documentación sobre el carácter privado de la Fundación del Papa

Asegura que la condición privada de la Fundación V Encuentro la conocen desde 2011 los grupos parlamentarios

El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, trató de demostrar ayer ante la juez que instruye la causa sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones relativas la visita del Papa a Valencia en 2006, que la organizadora Fundación V Encuentro era de carácter privado y no público, y para afianzar su afirmación aportó diversa documentación como su Declaración de Actividades del año 2011, cuando dejó de ser presidente de la Generalitat, en la que aparecen los informes tanto de la Dirección General de Coordinación de la Conselleria de Industria como de la Dirección de Justicia de la Conselleria del mismo nombre, en los que se constata el carácter «público o no público de las más de 25 fundaciones de las que era presidente de honor, y en el caso de ésta, era de carácter privada».

Camps dijo que la condición privada de esta Fundación es conocida por el Parlamento y por los grupos políticos desde abril o mayo de 2011 «que es cuando yo aporto esta documentación a las Corts, como era mi obligación».

Camps declaró que los contratos los realizaba el patronato de la Fundación y mostró sus dudas de que a la misma se le hubieran «perdonado» deudas contraídas con organismos públicos, como Vaersa u otras.

Sobre su reciente procesamiento por la Audiencia Nacional en una pieza separada del caso Gürtel (sobre la adjudicación a la trama corrupta de varios expositores de la Generalitat en la feria Fitur de 2009), Camps dijo que el auto «no tiene ni pies ni cabeza»

No hay un solo dato objetivo, ninguna indicación por mi parte. Y la directora general -Dora Ibars, entonces directora general de Promoción Institucional- ha dicho que no hubo ninguna indicación por mi parte, que no había hablado conmigo”

Piden ocho años cárcel

La Abogacía de la Generalitat, dependiente de la Presidencia de la institución, presentó ayer el escrito de acusación en la causa de la construcción del Circuito de Fórmula 1, en el que pide siete años y nueve meses de cárcel y 17 años de inhabilitación a Francisco Camps por los delitos de malversación en concurso ideal con uno de prevaricación, y tráfico de influencias.

Reclama también siete años de cárcel para el exconseller Mario Flores y el exsecretario autonómico Victoriano Sánchez Barcaiztegui. Además, penas de hasta tres años y medio de cárcel para los empresarios intervinientes en los contratos.

La Abogacía no acusa al que fuera exvicepresidente, Vicente Rambla, y a quien la juez otorgaba el papel de «director». Ni siquiera es citado como testigo.