El Consell venderá 165 millones en activos de la SGR para bajar su deuda

Gastar la menor cantidad posible de dinero público en la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR). Este es el objetivo del nuevo director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, quien está revisando con lupa todos los créditos que fueron concedidos por la entidad avalista y que han generado una deuda a la Generalitat de 400 millones de euros. El IVF espera reducir esta cantidad mediante la venta de activos en el balance de la SGR por ejecuciones de préstamos. Esta cartera cuenta con un valor de unos 165 millones de euros.

La SGR tiene muchas propiedades debido a la ejecución de determinados préstamos y contará con «muchas más» puesto que una gran cantidad de los créditos están judicializados y acabarán también en ejecución.

De los 400 millones de deuda de la Generalitat, 140 son para cubrir créditos morosos realizados por la SGR; 60 millones se destinan a tapar un «agujero» patrimonial surgido en la entidad cuando en el momento de la «burbuja» inmobiliaria se empezaron a ejecutar avales concedidos, y otros 200 se utilizarán para el mismo fin, aunque fueron descubiertos años después en una auditoría realizada por KPMG.

Ahora bien, de los 140 millones de euros para costear la morosidad de algunos de los créditos concedidos, el interventor ya ha advertido que solo se podrán pagar aquellos que cumplan dos condiciones. Una de ellas es que cuenten con cobertura presupuestaria en el ejercicio en cuestión, y la otra, y más delicada, es que se realizarán en términos de «razonabilidad económica». Y en ello se encuentra ahora el IVF, revisando uno por uno dichos préstamos, con tal de no asumir aquellas operaciones que no se atengan a la legalidad. Para ello, el instituto está solicitando información a las entidades financieras que participaron en dichos préstamos.

El director del IVF asegura que remitirá a la Fiscalía cualquier operación que le resulte sospechosa, «como no puede ser de otra manera». Su obligación, recuerda, es asegurarse de que todas ellas se realizan dentro de la legalidad vigente.

De la misma manera, también indica que se tendrán que ir asumiendo los nuevos créditos fallidos que vayan surgiendo, puesto que la Generalitat cuenta con la obligación de asimilar el 40 por ciento de la morosidad de los préstamos de la SGR (contrato de reafianzamiento, es el nombre técnico).

Aunque el director del IVF se pregunta si una entidad como la SGR, dirigida y gestionada por empresarios, debería ser rescatada con dinero público, lo cierto es que el Banco de España dictaminó que sí, al considerarla «sistémica», es decir, relevante para las empresas de la región.

De hecho, el organismo regulador considera en su informe que el concurso o quiebra de la sociedad avalista afectaría a 2.834 empresas que se encuentran en situación «regular», es decir, que pagan sus créditos, y a 908 que se encuentran en mora. Además, dice el Banco de España, un total de 8.763 empresas socias partícipes perderían su aportación al capital de la entidad.

Illueca critica asimismo que, tras 20 años de experiencia, el IVF carece de un procedimiento sistemático para analizar los avales concedidos por la SGR. Por ello, un grupo de trabajo está realizando un «análisis forense» de todos los avales otorgados por la entidad desde el año 1996. Es difícil predecir cuántos serán fraudulentos, dice Illueca.