El director Antifraude pide ahora un pacto que evite el «y tú, más»

Llinares dice que ocho funcionarios denunciantes se han acogido a la protección del denunciante

En plena vorágine de la investigación policial y judicial que se desarrolla sobre la financiación de las campañas electorales de 2007 y 2011 de PSPV y de Compromís, el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, pidió ayer un «pacto social» y, por ende, también político, que evite el «y tú más» en materia de corrupción.

La petición de Llinares llega curiosamente en un momento en que todos los focos están puestos en el PSPV y en el Bloc-Compromís, por la posible financiación irregular de sus campañas electorales en las que diversas empresas adjudicatarias podrían haber pagado actos de campaña, enmascaradas en la contabilidad de la empresa de comunicación Crespo Gomar.

En esta situación política es en la que Llinares pide una tregua.

Llinares presentó ayer ante Les Corts la memoria de 2017 de su departamento y comenzó justificando la escasa eficacia del mismo durante estos primeros seis meses en cuestión, pues tuvieron que montar la Agencia desde cero.

Llinares recomendó a sus señorías que la próxima vez que monten una agencia similar, que lo hagan bien porque «los recursos que se pierden por las personas que tendrían que estar haciendo su trabajo y han de hacer estas cosas, dan sensación de ineficiencia». Por estas cosas, Llinares entendía buscar locales o comprar mesas y sillas, que es a lo que se dedicó la Agencia en los primeros meses.

La ejecución del presupuesto destinado para 2017 fue del 10 por ciento.

Durante ese año, la Agencia recibió 35 denuncias, «de las que ninguna fue archivada», pero tampoco ninguna ha sido llevada, de momento, a la Fiscalía.

Ocho de los denunciantes, funcionarios de profesión, pidieron además, acogerse al estatuto de protección de la persona denunciante, para tratar de evitar represalias en el ámbito profesional o incluso familiar. Llinares dijo que dicho estatuto otorga mayores garantías que la condición de testigo protegido del Código Penal.

El director de la Agencia consideró también necesario hacer pedagogía de la obligatoria colaboración de las instituciones y relató como un ayuntamiento de la provincia de Alicante había dicho que la necesaria protección de uno de los denunciantes había sido considerada como una «injerencia» en la autonomía municipal consagrada en la Constitución, por lo que la Agencia no descartaba ir al contencioso para que los tribunales se manifestaran al respecto.

Llinares mostró su preocupación por la posible saturación de la Agencia y pidió ya una reforma de la ley de creación.