El fiscal pide el archivo de la causa de la F1 contra Camps y reprocha a la juez que abriera el procedimiento sin pruebas

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, contra el expresidente Francisco Camps, por la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia. En un escrito realmente contundente, el Ministerio Público afirma que el “auto de incoación del procedimiento abreviado no contiene los presupuestos fácticos que permitan sostener una acusación por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa, pues como se ha expuesto, el presidente de la Generalitat tenía competencia legal para realizar los actos administrativos de los que se derivaron las contrataciones analizadas, sin que ninguna de ellas se advierta una patente y manifiesta contradicción con el derecho como requiere la jurisprudencia”.

El escrito fiscal hace alusión constante al informe de la Intervención de la Generalitat, que también fue esgrimido por Camps para invocar su inocencia, en el que se señalaba que “los expedientes los expedientes fiscalizados observan formalmente los trámites esenciales del procedimiento de contratación, y más contundente aún cuando dice que las arcas de la Generalitat no sufrieron perjuicio alguno”.

Coincide en gran medida la petición de archivo que realiza el Ministerio Público con los argumentos que expuso el expresidente Camps en conferencia de prensa el pasado día 8 de mayo y en la que no solo proclamó su inocencia sino que anunció una querella contra la juez instructora. De hecho, el informe del fiscal señala en uno de los párrafos que el auto de procedimiento abreviado que emite la juez tiene manifestaciones de tipo político: “la mera referencia al coste total que supuso el evento para las arcas públicas, cifrado por el Tribunal de Cuentas en 88.829.624 euros, unido a manifestaciones de carácter político, no colman las exigencias del tipo penal de la prevaricación, ni por supuesto de la malversación de caudales públicos”. Destaca además que “todos los pagos se encuentran debidamente contabilizados por parte de la Entitat Pública d’Habitatge i Sol.

El fiscal alude también a las declaraciones de Ricardo Costa, pero recuerda el sentido de estas ya que señala que “la propia declaración efectuada por Ricardo Costa señala que, en ningún caso, le consta el abono en los términos señalados por la Instructora de lo que es objeto específico de este procedimiento como es la licitación, contratación y adjudicación de las actuaciones relacionadas con la celebración del Gran Premio de Fórmula 1. Así mismo, excluye los pagos de Hormigones Martínez, indicando que ni preguntó ni relacionó con ninguna contratación.

Y vuelve a cargar contra el auto de la juez al señalar que “respecto a los delitos de cohecho o tráfico de influencias o falsedad documental enumerados en el Auto, no exiete hecho en la causa que justifique su persecución, ni se explica en el auto los hechos sustentadores de tal tipicidad”.

El escrito también recuerda que el Ministerio Fiscal solo se querelló por la sospecha que tenía sobre tres contratos, y que el amaño de la contratación que puso de manifiesto la Policía no ha resultado ser cierta.

Vuelve a coincidir con el criterio expuesto por Camps hace unos días cuando señala que “entre la documentación analizada, se ha hallado un protocolo de colaboración entre la Conselleria de Infraestructuras y Transporte y el Ayuntamiento de Valencia de fecha 5 de julio de 2007 y un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Ente Gestor de Puertos (GTP) suscrito el 28 de septiembre de 2007, en los que contempla de forma expresa que el ciento por ciento del coste real soportado por GTP derivado de los proyectos constructivos (...) será objeto de retorno por el Ayuntamiento de Valencia, mediante la imposición de un canon de urbanización a los propietarios del futuro sector Grao o al urbanizador que en su día se seleccione, sin perjuicio de establecer cualquier forma de retorno que el Ayuntamiento considera adecuada”.

Conviene recordar aquí que Francisco Camps manifestó su convicción de que el motivo por el que el alcalde Joan Ribó no desarrollaba el proyecto urbanístico de el Grao era para no tener que devolver a las arcas de la Generalitat el coste de las obras del circuito, tal y como expresa el informe y ratifica el fiscal, y de este modo, desmontar la acusación de malversación que pesa sobre Camps al demostrarse que no hubo perjuicio para las arcas autonómicas, algo que también afirma la Intervención.

Tras el contundente informe del fiscal, la Generalitat Valenciana debe decidir si sigue adelante con el procedimiento mediante la acusación que ejerce. Si bien, para sostener dicha acusación debería contradecir el criterio de la propia Intervención de la Generalitat.

La otra causa relativa a la Fórmula 1, concretamente la pieza que investigaba a la empresa Valmor, también está archivada provisionalmente.