El informe jurídico de Bravo sobre financiación ve viable la denuncia

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, desveló ayer que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tiene en su poder, desde el 2 de octubre, el informe elaborado por su Conselleria sobre la viabilidad de reclamar en los tribunales una financiación autonómica justa. «Lo tiene el presidente desde el viernes anterior al 9 de octubre», explicó Bravo a la salida de su comparecencia en Corts para explicar las líneas generales de su presupuesto.

Preguntada por el sentido del informe y sobre si había mimbres para pleitear por una mejor financiación, Bravo remitió al presidente porque «él es quien debe decirlo». Ante la insistencia de los informadores, contestó, sonriendo con satisfacción, «pero vosotros qué creéis, yo soy jurista y busco argumentos hasta debajo de las piedras», con lo cual admitió que había encontrado los fundamentos jurídicos pedidos por Puig.

Aunque sin desvelar el contenido del informe, Ximo Puig insinuó ayer la viabilidad de la denuncia al afirmar que «si el Gobierno puede llevar una norma nuestra al Constitucional, también recurriremos nosotros si es necesario para lograr financiación».

Por otra parte, Bravo dio cuenta de las partidas presupuestarias más importantes de su Departamento para 2016 y anunció la creación de diez Juzgados de los quince que autorizó el Ministerio de Justicia en 2012, pero que finalmente no se hicieron.

El coste medio de cada uno es de 300.000 euros y la Conselleria ha destinado 1.561.000 euros. Las cuentas, aparentemente, no cuadran, pero Bravo explicó que en el primer semestre de 2016 se iba a implantar de forma piloto la oficina judicial y fiscal, con lo que espera que el coste de las sedes judiciales se reduzca de forma importante al paliar esta centralización de servicios comunes.

Además la Conselleria invertirá 18 millones de euros en «actuaciones imprescindibles para paliar la situación de enorme abandono de algunas sedes judiciales y fiscales», aunque 9,5 millones están comprometidos por pago aplazado de ejercicios anteriores en los edificios de Elche, Paterna y Villareal. Por último, anunció cinco millones más para el pago a los abogados del turno de oficio.