El PP acusa al Consell de convertir en un caos la educación

La política educativa del Consell del Botànic sufrió el miércoles el primer varapalo judicial de la legislatura y la síndica popular, Isabel Bonig, no dejó escapar este asunto en la sesión de control al presidente de la Generalitat. Acusó al Gobierno valenciano de haber convertir en un caos la educación por tratar de imponer su «sectarismo» y dejó entrever que el Ministerio de Educación no tardará en actuar para poner orden. «310.000 personas han salido a la calle para pedir libertad y futuro, ¿todas ellas ven fantasmas?».

Explicó que el pasado marzo el Ministerio remitió una carta pidiendo una serie de explicaciones al conseller de Educación, Vicent Marzà, porque el decreto de plurilingüismo, el que ahora ha suspendido el Tribunal Superior de Justicia, vulneraba determinados preceptos y normativa legal. Según Bonig, Marzà dijo que en el desarrollo reglamentario del decreto se iban a corregir las advertencias, pero a fecha de hoy todavía no lo han hecho, «faltan a la verdad cuando dicen que sí», advirtió al presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

En una situación parecida se encuentra el decreto de conciertos. La popular dijo que el Ministerio está a la espera de que conteste el requerimiento solicitado en marzo. «A 25 de mayo todavía no ha tenido tiempo de responder».

Puig defendió con fervor al conseller Marzà. Aseguró que los trámites de matriculación siguen con normalidad y acusó a la Diputación de Alicante, que interpuso el recurso, de ser «un instrumento partidista». A Bonig la acusó de situarse en la «postverdad» y negó haber dicho que la educación concertada era un privilegio.

Marzà solo se levantó una vez a contestar a las preguntas de los populares y lo hizo de manera general, sin entrar en las cuestiones relacionadas con el Ministerio de Educación. Además, tras la sesión de control no salió a atender a los medios de comunicación. Tuvo que ser el síndic de Compromís, Fran Ferri, quien defendiera sus actuaciones.

Por su parte, la diputada nacional de Ciudadanos, Marta Martín, aplaudió la paralización del decreto sobre plurilingüismo puesto que genera «desigualdades terribles». No obstante, echó en falta la actuación decidida del Ministerio de Educación que podría haberlo paralizado antes de que comenzase la matriculación.