El PP propone un pacto educativo que asegure el distrito único y la concertada

El grupo «popular» en Les Corts Valencianes registró ayer el borrador de un proposición de ley del denominado «Pacto Educativo» que resumió ayer en un decálogo su síndica Isabel Bonig.

Acompañada por la exconsellera de Educación, María José Catalá, y la exdirectora general, Beatriz Gascó, Bonig explicó que muchas de las medidas que proponen en la ley ya las pusieron en práctica ellos cuando gobernaron, y que concibe la proposición de ley como un documento sobre el que empezar a hablar y a negociar porque, como dijo, «el gobierno del Titánic ha tenido un año para proponer una ley educativa y no lo ha hecho». Por ello, aprovechó para pedir la dimisión del conseller, «porque puede tener muy buena voluntad pero maneja mucho dinero y el puesto le viene muy grande».

Bonig presentó un decálogo como resumen de la proposición de ley en el que destaca la libertad de elección de los padres del centro educativo, en aquellos municipios que dispongan de más de uno, esto es, el volver al distrito único que instauró el PP y que ha suprimido el conseller Marzà.

El resto de puntos hacen referencia a la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la compensación de desigualdades, al reconocimiento profesional y social del profesorado, con especial atención a su formación y perfeccionamiento profesional, el fortalecimiento del plurilingüísmo con el objetivo de adquirir competencia equilibrada de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana y un correcto aprendizaje del inglés y una segunda lengua extranjera, así como promover y prestigiar la Formación Profesional y la apuesta decidida por el impulso de la FP Dual.

Además, el PP propone prevenir la violencia y la intolerancia en las aulas y promover la igualdad, así como un correcto aprendizaje de las nuevas tecnologías, las denominadas «tics».

Los «populares» también abogan por las evaluaciones externas, «porque lo que no se evalúa, se devalúa». Para llevar a cabo todas estas medidas y para poder aprobar esta ley «lejos de los extremismos», la síndica Bonig volvió a ofrecer al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, los votos de sus 31 diputados, «porque sabemos que está preso por Compromís».