Comunitat Valenciana

Justicia responsabiliza a la exdirectora general del fallo del desfibrilador

Altas instancias de la Conselleria aseguran que Verónica López hubiera sido destituida si continuara en el cargo

Renovar el mantenimiento de los desfibriladores cuesta unos 700 euros por aparato
Renovar el mantenimiento de los desfibriladores cuesta unos 700 euros por aparatolarazon

Altas instancias de la Conselleria aseguran que Verónica López hubiera sido destituida si continuara en el cargo

Desde la Conselleria de Justicia se ha responsablizado a la anterior directora general de Justicia, Verónica López, del fallo del desfibrilador ocurrido la semana pasada en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Si bien, las máximas instancias de la Conselleria hicieron hincapié en que, de momento, nada hace pensar que el fallo del desfibrilador hubiera provocado la muerte del ciudadano infartado, ya que este estuvo atendido por médicos desde el primer momento, sí que admitieron que en mayo de 2018, la anterior gerencia comunicó a la directora general de Justicia que el desfibrilador no tenía contrato de mantenimiento en vigor y que había que renovarlo. De hecho, el anterior contrato caducó en 2016, si bien la vigencia de la última revisión era de cuatro años.

De forma «inexplicable», desde la dirección general no se hizo nada, «cuando renovar el mantenimiento es tan sencillo como hacer un contrato menor, que ahora ya se ha realizado, y que cuesta unos 700 euros por aparato».

Desde la Conselleria no se explican esta omisión y aseguran que si Verónica López fuera hoy directora general (actualmente no tiene cargo) habría sido inmediatamente destituida. En cualquier caso, la responsabilidad de López es la primera que se ha concretado, si bien la Conselleria ha abierto una investigación interna para tratar de dilucidar si hay más personas implicadas en este fallo fatal.

Y todo ello ha ocurrido, como recordaron las máximas instancias de la Conselleria, en el marco de una renovación integral de todos los sistemas de seguridad que han tenido un coste de doce millones de euros, «cuando antes se gastaba alrededor de ochocientos mil euros al año».

Las mismas fuentes también explicaron que se ha detectado un fallo en el mantenimiento realizado al aparato en el año 2016, ya que de forma incomprensible, las pilas nuevas que se instalaron eran de la marca Panasonic, cuando las instrucciones del desfibrilador aconsejan utilizar Duracell y desaconsejan expresamente la marca Panasonic.

Además, el aparato también tenía caducados los parches pediátricos, pero no así los de adulto. Revisados el resto de desfibriladores, también se detectaron los mismos fallos en el de Castellón, y solo el de Alicante funcionaba correctamente.

Al parecer, el desfibrilador de Valencia hace tiempo que no funcionaba, y de esta circunstancia llegó a alertar una persona «no sabemos si era un comercial o un ciudadano», ya que mostraba en su pantalla una señal roja de fallo. Sorprendentemente, además, dicho aparato se cambió de sitio en varias ocasiones, como en Navidad, para instalar en ese lugar el Belén, por lo que desde Justicia lamentaron que «no entendemos cómo no hubo mas gente que se dio cuenta de que no funcionaba».

La Conselleria reiteró que la persona que sufrió el infarto cuando estaba a la espera del juicio, fue atendido en todo momento por médicos que estaban muy próximos, esperando un juicio laboral, y también por dos forenses que estaban en ese momento en la cafetería del edificio y que fueron alertados, por lo que «nada hace pensar hasta el momento que el fallo del desfibrilador haya influido en la muerte del hombre, pues se le practicó el masaje cardíaco, que está más indicado en estos casos que el desfibrilador, y el SAMU con el equipo necesario llegó en apenas once minutos».

La Conselleria de Justicia ha renovado ya todos los aparatos de reanimación que tiene en los edificios judiciales y va a dar cursos sobre su empleo a empleados de Justicia.