La acusación popular y la Abogacía del Consell piden cárcel para Blasco

Las partes personadas en el «caso Cooperación» coinciden en pedir penas de prisión para el exconseller de Solidaridad y diputado popular, Rafael Blasco. Ayer finalizó el plazo de presentación de los escritos de calificaciones y, aunque falta por conocer los pormenores de los de la Generalitat, personada en la causa, y los de la Coordinadora valenciana de ONGD, una de las tres acusaciones populares, todas las partes pedirán penas de prisión para Blasco.

Estas podrán recoger hoy las calificaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), a excepción del escrito de la Coordinadora que esperará a conocer una resolución del tribunal.

El PSPV, una de las acusaciones particulares, pidió las penas máximas para los nueve procesados. Para el ex conseller de Solidaridad exigió 15 años de prisión y 42 de inhabilitación, así como una multa de 2,1 millones de euros por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. El mismo castigo reclamaron para la ex secretaria general administrativa del Departamento, Agustina Sanjuán.

Al empresario Augusto César Tauroni, único imputado encarcelado y supuesto cabecilla de la trama, le atribuyeron los delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, y malversación de fondos públicos. Por ellos, pidieron 15 años de cárcel, 20 de inhabilitación, multa de 5,1 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de pedir ayudas públicas.

Para el resto, penas de entre tres y 15 años de cárcel. Siete para el ex presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) -no confundir con la constructora del mismo nombre-, Marcial López; seis para el ex jefe del área de Cooperación, Marc Llinares, el exsubsecretario, Alejandro Catalá, el ex director general, Josep Maria Felip, y el ex jefe de gabinete de Blasco, Javier Llopis; y tres años para la secretaria de la empresa Acip, María Josefa Cervera.

Además, exigieron la devolución con intereses de 1,8 millones de euros, el importe de las subvenciones concedidas a la Fundación Cyes, y la apertura de juicio oral.

El caso consta de dos piezas. La primera, cuya instrucción ha finalizado ya, investiga los presuntos delitos cometidos en la concesión de ayudas en 2008 a la citada Fundación. Según la disposición, casi 970.000 euros se destinaron a adquirir cuatro inmuebles en Valencia y 457.000, a la empresa de Tauroni, Arcmed. A Nicaragua solo llegaron 43.000 euros.

Además del PSPV, también son acusación el padre del único niño haitiano adoptado en la Comunitat, José Antonio Penadés, y la Coordinadora valenciana de ONGD. El primero solicitó una pena de 13 años para Blasco y Tauroni, así como la inhabilitación para el exconseller de entre diez y quince años, según informó Europa Press. Para el resto de los procesados, entre los cuatro y los 13 años de cárcel.

La Coordinadora, sin embargo, optó por no presentar ayer -día en el que finalizó el plazo- su escrito de calificación a la espera de que la magistrada resuelva el recurso interpuesto para no ejecutar la propuesta del tribunal de que se unieran las acusaciones populares -PSPV, ONG, y Penadés-.

Desde la entidad sin ánimo de lucro señalaron ayer que cuando se certifique su independencia se les concederá de nuevo otro periodo para registrar su calificación.

Responsabilidades políticas

Además de las responsabilidades penales, el PSPV exigió también políticas. En este sentido, la presidenta del grupo socialista, Ana Barceló, instó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a expulsar a Blasco del grupo parlamentario popular.

Por su parte, el PPCV instó a esperar a que finalice el proceso para tomar decisiones. El secretario general, Serafín Castellano, aseguró que hay que ser «respetuoso» con la Justicia y subrayó la presunción de inocencia. «Vamos a ver cómo queda y a la vista de este proceso, iremos tomando las decisiones que correspondan».