La Ribera pide una prórroga de la concesión ante una reversión «precipitada»

Considera «ideológica y política» la decisión del Consell de no ampliar el contrato otros cinco años

El director gerente del Departamento de Salud de La Ribera, Javier Palau, ve «precipitada» e «ideológica» la decisión de la Generalitat de revertir la concesión sanitaria y cree que sería «muy inteligente» que Ribera Salud pudiera optar tanto a prorrogar o modificar el contrato como a una nueva licitación.

A poco más de seis meses para el 1 de abril de 2018, cuando ese Departamento de Salud pasará a ser de gestión directa tras haber sido gestionada durante dieciocho años de forma privada, Palau asegura que aún confía en que «impere la cordura» y no se lleve a cabo la finalización del contrato.

«Queremos seguir gestionando la salud de La Ribera porque creo que lo estamos haciendo muy bien, y si dejamos de hacerlo seguramente no se va a hacer tan bien». A su juicio, Ribera Salud merece «una prórroga» del contrato de cinco años, algo que está incluido en el contrato de gestión de servicio.

Recuerda que han reclamado judicialmente que se revise la decisión de la Conselleria de Sanidad de revertir la concesión y confía en que antes de que finalice el plazo la Justicia les dará la razón.

Palau, que dirige el Departamento de la Ribera desde 2016 y antes fue director médico del Hospital La Fe, opina que el modelo de gestión de las concesiones sanitarias «permite más rapidez y flexibilidad que la gestión directa».

Considera «ideológica» y «política» la decisión del Consell de revertir la concesión, pese a tener un informe de la Sindicatura de Comptes según el cual es un modelo más eficaz y eficiente y satisface a la población.

«Poca comunicación»

«El Consell está perdiendo una oportunidad muy importante en una comunidad en la que tenemos dos modelos, uno que se ocupa del 20 por ciento de la población y otra, del 80 por ciento restante».

Lamenta que ha habido «poca comunicación» con Sanidad, que «ha ninguneado permanentemente» y «dejado de lado» a las concesiones sanitarias y ha «despreciado» su manera de funcionar, «algo sorprendente cuando, en el caso de Alzira, representamos a 250.000 ciudadanos y a más de 2.000 trabajadores que merecen respeto».

Las normas de reversión remitidas por Sanidad al departamento de salud de Alzira son «muy excesivas y con unos plazos muy rígidos, que hablan de la intervención a un año vista».

Entre sus 1.900 trabajadores, unos 300 de ellos estatutarios y el resto personal laboral, hay «incertidumbre» por su futuro y considera «feo» que la conocida como ley de Acompañamiento de los Presupuestos autonómicos para 2018 los califique como «personal a extinguir». El personal laboral, ahora en situación de indefinido fijo, pasará a ser indefinido no fijo cuando acabe la concesión, una figura que, según Palau, ha sido definida por los jueces en algunos casos «pero jamás para un colectivo de 1.600 personas».