La sanidad pública asumirá a los pacientes del IVO si no se logra un acuerdo esta semana

O el IVO o nadie. La consellera de Sanidad, Carmen Montón, desveló ayer que no existe un plan B al acuerdo de acción concertada para la atención oncológica y que si el Instituto Valenciano de Oncología no acepta las bases de la convocatoria será la sanidad pública la que asuma el servicio (unos 30.000 enfermos de cáncer anuales, de los que el 15 por ciento son casos nuevos).

La semana pasada el IVO pidió una prórroga para estudiar de nuevo un contrato que levanta sospechas, pues tal y como alertan dos informes de la propia Generalitat (Intervención y Abogacía) la redacción de las bases incurren en ilegalidades.

El Instituto ha mostrado en reiteradas ocasiones sus reticencias al respecto y ha pedido a Montón que modifique dichas bases, algo que, según la consellera, no se puede hacer. «Esto en la Administración no cabe, no es legal». Así las cosas, todo parece indicar que el IVO, centro de referencia con el que la sanidad pública valenciana lleva décadas trabajando, rechazará la propuesta en unos días.

Ante este escenario, Montón hizo ayer un llamamiento a la calma y comprometió los recursos del sistema público para la atención de los pacientes oncológico.

«Estamos preparados (...) Primero reordenaremos y trabajaremos en red y después nos volcaremos al máximo en la oncología como lo venimos haciendo». Descartó de este modo una nueva convocatoria, así que serán los centros de titularidad pública los que asuman el nuevo volumen de trabajo, aunque no dijo cómo se producirá el cambio de modelo asistencial ni con qué dinero se llevará a cabo.

En cuanto a los pacientes que actualmente están siendo atendidos por esa entidad, «pueden estar tranquilos», porque recibirán la financiación adecuada para poder mantener esos tratamientos.

Dejó también claro que el responsable del alboroto sanitario no es otro que el IVO. Según Montón, esta institución se encuentra «en una encrucijada y debe tomar una decisión, o bien seguir manteniendo esa alma asistencial histórico social de servicio público a los valencianos de entidad sin ánimo de lucro o tener un alma más empresarial». Así, les pidió que no busquen «excusas falsas» para dejar de colaborar con la Administración, en referencia a los informes que ven irregularidades el concurso de Sanidad.

Por su parte, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que intervenga en este asunto para evitar el uso de fórmulas de contratación «improcedentes». A su juicio, la Ley valenciana 7/2017 sobre acción concertada es «inconstitucional y discriminatoria», algo que ya ha trasladado al Defensor del Pueblo y a la Presidencia del Gobierno.

La patronal de la sanidad privada española, que representa a más del 75 por ciento de los centros hospitalarios del país, comparte las conclusiones de los informes de la Abogacía y la Intervención de la Generalitat «sobre los importantes defectos de la convocatoria, siendo uno de sus principales argumentos la discriminación de entidades con ánimo de lucro».