Las empresas podrán desarrollar un plan de prevención de delitos penales para así no tener que asumir la responsabilidad de cualquier ilícito que cometa alguno de sus empleados o directivos. Tras la reforma del Código Penal del pasado 1 de julio, el número de supuestos en los que la persona jurídica asumiría estos delitos se amplía, por lo que las empresas valencianas han mostrado interés en protegerse frente a estos casos.

Las compañías deberán contar con un plan similar al de prevención de riesgos laborales, en el que haya una serie de medidas presupuestadas, como por ejemplo la existencia de un canal dentro de la empresa para poder denunciar los delitos que se observen. El plan deberá ser diseñado por un penalista, aunque el seguimiento del mismo puede ser realizado por una persona de dentro de la propia firma o por el mismo administrador. Esta figura recibirá el nombre de «Compliance Officer».

La Cámara de Comercio de Valencia organizó ayer una jornada para informar a los empresarios de cómo llevar a cabo este plan. El profesor de derecho penal Benjamín J. Prieto, uno de los ponentes en estas conferencias, explicó que, evidentemente, la puesta en marcha de este plan supondrá un gasto extraordinario para las empresas, si bien imprime un sello de calidad y, sobre todo, evita futuros posibles problemas para la sociedad.

El aumento de los delitos societarios es una de las razones por las que la normativa española se ha reformado, aunque la ampliación de supuestos también responde a la emulación de la normativa europea. «Esta ley es un calco de la italiana», explica Prieto, quien señaló que este tipo de normas nacen en EE.UU, donde tienen su razón de ser.

El profesor asegura que la demanda por parte de las empresas en la jornada fue abrumadora desde el primer día. De hecho, se lanzó inmediatamente una segunda convocatoria que también se completó enseguida. Aunque no es obligado contar con medidas de este tipo, se aconseja a las empresas prevenir estos supuestos.