Las farmacias denuncian la «cubanización» del sistema y pérdidas del 35 por ciento

El Decreto Ley para reducir la factura farmacéutica que aprobó el Consell hace unos días abre la puerta a la «cubanización» del modelo mediterráneo de farmacias -que pasarán a estar controladas por la Administración- y supone una disminución de los ingresos de las boticas de hasta el 35 por ciento, especialmente en las que se nutren de las recetas de la Seguridad Social. Estas dos consecuencias son las que fundamentan la denuncia que los tres Colegios de Farmacéuticos interpondrán contra la nueva norma autonómica, a la que consideran anticonstitucional. Lo intentarán en primera instancia con el Ministerio de Sanidad y, si éste no colabora, recurrirán a cincuenta senadores o diputados. Si esta opción tampoco da resultados, se dirigirán al Defensor del Pueblo.

Para los boticarios no existe en todo el decreto ni un solo punto que lo justifique, pues ni supone un ahorro para las arcas públicas, ni beneficia al paciente. Es más, creen que el cambio normativo responde a una venganza por las movilizaciones que emprendieron hace semanas como protesta por los impagos de la Generalitat, que aún les debe 300 millones de euros.

Un «castigo» por la huelga

«El Decreto es un castigo porque nos defendimos cuando era imposible mantenernos», declaró al respecto la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, María Teresa Guardiola. «De un plumazo nos han quitado las competencias alegando un ahorro económico que nosotros no vemos».

De hecho, los boticarios creen que, solo en esta provincia, el coste de poner en marcha el plan de la Generalitat supondrá un coste de más de dos millones, frente a los 500.000 euros de ahorro previstos por la Conselleria de Sanidad. Por ello, y para vigilar que las medidas son realmente efectivas, los farmacéuticos crearán un Observatorio de Transparencia.