Los investigadores sostienen que Jorge Rodríguez impulsó los nombramientos ilegales

El exministro del Interior, Antonio Camacho, se personó el jueves en defensa del todavía presidente de la Diputación

Los investigadores policiales que dirigen la operación Alquería, en la que fue detenido el todavía presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez y otros cinco altos cargos de la Diputación, pertenecientes al PSPV y a Compromís, aseguran que las siete contrataciones de alta dirección que están en entredicho, y que sustentarían el delito de malversación del que se les acusa, fueron impulsadas por el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, como queda constatado en diverso material informático que obra en poder de la UDEF de la Policía Nacional después de los registros y decomisos del jueves.

La Policía tiene pruebas suficientes para demostrar que Jorge Rodríguez era no solo conocedor, sino impulsor de estas contrataciones, dotadas con dos millones y medio de euros para los cuatro años que hubieran tenido de vigencia de no ser desmanteladas por la investigación judicial. Dichas contrataciones no solo no eran necesarias sino que se realizaron con los informes en contra de los servicios de la Diputación, por lo que dichos contratos se formalizaron aun a sabiendas de que no se ajustaban a la legalidad.

Por otra parte, según ha podido saber LA RAZÓN, el exministro del Interior, Antonio Camacho, se personó el jueves como abogado de Jorge Rodríguez y le asistió en su comparecencia ante el juez, si bien Rodríguez, como el resto de detenidos no quisieron hacer ninguna declaración.

Antonio Camacho es un reconocido abogado del prestigioso despacho Pérez Llorca, pero anteriormente fue ministro del Interior con José Luis Rodríguez Zapatero. Camacho, antes de ocupar la cartera ministerial fue secretario de Estado de Seguridad entre 2004 y 2011. Previamente había ejercido como fiscal y había llegado incluso a la presidencia de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Se desconoce el vínculo entre Rodríguez y Camacho, pero no es aventurado pensar que éste se encuentre en el Consell.

En un primer momento el abogado de Rodríguez fue el letrado de Ontinyent, Ignacio Terol.

Por otra parte, el juez titular del juzgado de Instrucción número 9 de Valencia felicitó ayer a los agentes policiales de la UDEF por el modo en que desarrollaron el jueves la operación Alquería y por las pruebas que pudieron aportar a la causa.

Dicha felicitación del juez se hizo pública después de que el recién nombrado delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, criticara el «daño anticipado» que se había infringido sobre Rodríguez y su entorno, acusados de malversar dos millones y medio de euros.

Posteriormente, el propio delegado, que institucionalmente está al frente de las fuerzas de seguridad que desarrollaron el operativo, trato de mesurar, con escaso éxito, sus palabras, y echó la culpa del «daño anticipado» a l despliegue de medios de comunicación, para apartar de este modo el foco de sus criticas de la Policía. Se da la circunstancia, cuanto menos paradójica, de que Fulgencio es Policía, si bien del cuerpo local.

Contrariamente a esta actitud, la vicesecretaria del PP, Elena Bastidas, calificó de «intolerable» que el delegado «se estrene con críticas a las Fuerzas de Seguridad, cuya jefatura ejerce».

Datos informáticos

La Policía tiene constatación informática de que las contrataciones de los siete altos cargos se hicieron con el conocimiento y, en ocasiones con el impulso, del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez.

l Antonio Camacho. El exministro del Interior y exfiscal, Antonio Camacho, se personó ayer en la Ciudad de la Justicia para hacerse cargo de la defensa del todavía presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez.

El juez defiende a la Policía

El titular del juzgado que lleva el caso Alquería felicitó ayer los agentes de la UDEF por la operación realizada. Mientras, el delegado del Gobierno criticó el «daño anticipado» provocado por su actuación