Rodríguez, de la promesa de la transparencia a la ocultación de facturas

El PP denuncia que no tienen acceso al programa de contabilidad ni al de acceso de expedientes, dos herramientas claves para fiscalizar la gestión

El equipo de Gobierno de la Diputación de Valencia ha ido reduciendo el acceso a las cuentas a medida que ha ido avanzando la legislatura. El PP volvió a pedir en el último pleno que celebró la Corporación provincial que los decretos de pago vuelvan a publicarse junto a las facturas para que quede constancia del nombre de la empresa, el CIF, el concepto y el importe.

Así se hacía, salvo excepciones que curiosamente solía protagonizar el área de Relaciones Institucionales dependiente de Presidencia, hasta hace tres meses. A partir de este momento, únicamente se hace público el CIF de la empresa y el importe. De este modo, es imposible alertar sobre posible fraccionamiento de contratos o si se producen gastos cuestionables.

El diputado popular Francisco Izquierdo, preguntó al secretario de la Diputación sobre esta cuestión en la última sesión plenaria y se le respondió que ya se había dado la orden de incorporar las facturas. A día de hoy, asegura Izquierdo, siguen sin aparecer.

Apunta a que estas nuevas prácticas coinciden con el momento en el que el PP presenta la querella contra el diputado de Compromís, Xavier Rius, por presunta prevaricación, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias por la firma de una serie de contratos a una empresa relacionada con un cargo de Compromís.

Además, Izquierdo insiste en que hace año y medio que el pleno aprobó que los diputados tuviesen acceso al programa de contabilidad, que les permite hacer el seguimiento de las facturas, así como al de los expedientes. Ninguno de estos dos mecanismos se han puesto en marcha «limitando así, la labor de fiscalización de los grupos de la oposición».

Nuevo presidente

Tras la puesta en libertad de Jorge Rodríguez, cabe esperar que en las próximas horas registre en la Diputación el escrito de renuncia a su cargo. Al menos, eso es lo que esperan desde el PSPV después de que el Secretariado aprobara la noche del miércoles suspenderle cautelarmente de militancia y por tanto, de todos sus cargos orgánicos.

De momento, el funcionamiento normal de la Corporación provincial ya se ha visto afectado. Ningún miembro de los partidos del Gobierno se presentó ayer al consejo de Egevasa ni al del Consorcio Provincial del Hospital General y no se pudieron celebrar.

La Diputación de Valencia tendrá que celebrar un pleno para aceptar la renuncia de Jorge Rodríguez a la presidencia de la institución y habrá un plazo máximo de diez días para que se celebre una sesión extraordinaria para elegir el nuevo presidente. El PSPV ha propuesto al vicepresidente y alcalde de Faura, Toni Gaspar, pero necesita el apoyo del resto de fuerzas de izquierdas.

Las vacantes de los diputados provinciales se deben cubrir con los suplentes elegidos en el partido judicial por el que fue elegido el diputado que presenta la renuncia, que en este caso es el de Ontinyent.

Asimismo, la ley reguladora de bases de Régimen local establece que en caso de vacante en la presidencia, los vicepresidentes sustituirán, por orden de su nombramiento, al presidente, por lo que la vicepresidenta primera, Maria Josep Amigó (Compromís), se haría cargo temporalmente del cargo mientras se desarrolla el proceso de sustitución. Será la presidenta hasta que no se produzca un nuevo pleno de investidura.