Hacienda cuestiona el cese irregular de la interventora municipal

El Ministerio recuerda a Carmena que debe motivar su decisión y dar la opción a la afectada de presentar alegaciones

Carmena, en el Pleno, a la derecha de Beatriz Vigo Martín, interventora general del Ayuntamiento desde 2008
Carmena, en el Pleno, a la derecha de Beatriz Vigo Martín, interventora general del Ayuntamiento desde 2008

El Ayuntamiento solicita por carta a Hacienda el cese de la funcionaria. El Ministerio le recuerda al consistorio que debe motivar su decisión y dar la opción a la afectada de presentar alegaciones

Apenas once meses después de llegar a la Alcaldía de la capital, Manuela Carmena y su equipo han decidido cesar a la interventora general del consistorio, Beatriz Vigo Martín. Ella es, desde el año 2008, la persona encargada de controlar internamente la gestión económica y financiera del Ayuntamiento y de velar por que cada gasto, ingreso o pago se ajuste a la legalidad. Sin embargo, la hoja de ruta del delegado de Economía del Ejecutivo de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato, hace incompatible que Vigo Martín siga en su cargo.

En una carta fechada el 12 de mayo, Sánchez Mato solicita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe preceptivo para cesar a la interventora general. La redacción de este informe es el trámite formal previo a la destitución. Es necesario para iniciar el relevo pero su contenido no es vinculante para el consistorio, ya que la Ley de Bases de Régimen Local y la de Capitalidad reservan al consistorio la competencia para su provisión a través de un proceso de libre designación.

En la carta, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, Sánchez Mato subraya que este cese se enmarca dentro de la «apuesta firme por el reforzamiento de control interno de la actividad municipal» que quiere realizar el Gobierno de Carmena como la fórmula «más eficaz para atacar desde su raíz los escándalos de corrupción que están minando la imagen y las arcas de las Administraciones Públicas». El delegado de Economía también relata al Ministerio que la «voluntad» de la «nueva corporación» es que el nuevo interventor ejerza, además de las funciones de control y fiscalización interna, labores «adicionales de asesoramiento».

En la carta remitida a Hacienda, Sánchez Mato destaca que el cargo de interventor «debe ser desempeñado por un profesional de reconocido prestigio» y que de ahí se deriva «la necesidad de iniciar el procedimiento para cubrir el puesto de la Intervención General, previo cese de la funcionaria que ocupa actualmente dicho puesto». Por todo ello, solicita al Ministerio el citado informe preceptivo.

En su respuesta al Ayuntamiento, el Ministerio exige que Sánchez Mato justifique y motive el cese de la interventora. El escrito elaborado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local –con fecha de 26 de mayo y al que ha accedido este diario– recuerda al Gobierno de Carmena que, para poder «emitirse el informe» que solicitan, «es preciso» que «se instruya un expediente en el que se determinen las causas técnicas que motivan el cese». Es decir, al contrario de lo que Sánchez Mato realizó en su carta, el delegado debe explicar los motivos del cese para evitar incurrir en «una actuación arbitraria».

Además, el Ministerio también recuerda a Sánchez Mato que debe «posibilitar a la funcionaria afectada la presentación de alegaciones y pruebas que considere pertinentes al objeto de acreditar que no son ciertas las causas del cese». Por todo ello, el Ministerio requiere a Sánchez Mato que elabore el expediente con las «causas técnicas» de la destitución de la interventora y que ésta puede realizar «las alegaciones» que considere oportunas.

Fuentes municipales señalan que el cese de la actual interventora se enmarca dentro de la «normalidad» institucional ligada «a un cambio de Gobierno». «No responde a falta de confianza porque lleva un año en el cargo con el Gobierno de Ahora Madrid», añaden. Y se remiten, desde el Gobierno de Ahora Madrid, a los cambios que se producen en este puesto en otras administraciones, como por ejemplo la Comunidad de Madrid.

Pese a la «normalidad» en la que según el equipo de Sánchez Mato se inscribe esta destitución, ésta llega en un momento en el que el Gobierno de Carmena ha impulsado una comisión de investigación –con el apoyo del PSOE y de los siete ediles de Ciudadanos– sobre la gestión de los últimos 12 años en el Ayuntamiento. Esta comisión, cuya sesión constitutiva se celebró el miércoles, estudiará en detalle las contrataciones realizadas durante las legislaturas de los ex alcaldes Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella. Lo que se somete a investigación en esta comisión es precisamente el trabajo que esta interventora ha vigilado en los últimos ochos años. Beatriz Vigo Martín es una funcionaria, habilitada nacional, de nivel 30. Antes de convertirse en la interventora general (2008-2016), fue durante cuatro años la directora de la Oficina de Contabilidad del Ayuntamiento.

Pese a los argumentos del Ayuntamiento, altos funcionarios del propio consistorio aseguran a este diario la «intencionalidad política» de este movimiento. «Todo durante estos años ha estado intervenido y fiscalizado por parte de la interventora», añaden. Y señalan que la comisión de investigación abierta supone poner en duda ese trabajo «y el de los interventores delegados de cada una de las áreas y de los 21 distritos». «Se trata de quitar a un testigo incómodo», concluyen. Estas fuentes también reconocen que la falta de sintonía entre una parte de los trabajadores municipales con algunos de los responsables del área económica.

Nada más conocerse ayer la intención de Carmena de fulminar a la interventora, los dos prinicipales grupos del Pleno municipal expresaron su posición. La portavoz del Gobierno de Carmena, Rita Maestre, aseguró que están «contentos» con el trabajo que ha realizado «hasta ahora» la interventora descartó que el cese responda a «motivos políticos». El portavoz adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, calificó de «escandaloso» lo sucedido ya que, a su juicio, «Ahora Madrid pretende politizar el trabajo de la intervención», lo que desmuestra que «quieren convertir el Ayuntamiento en su cortijo». Según el edil popular, es un hecho «sin precedentes» en el consistorio: «Vamos a ejercer todas las acciones legales necesarias para que se respete el procedimiento administrativo, que incluye una motivación objetiva y no política».