Carrillo recorta las ayudas a los discapacitados pero mantiene el monumento ilegal a los brigadistas

Los alumnos discapacitados de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han recibido hace sólo unas semanas la peor noticia posible. La UCM, que dirige José Carrillo, se ha cargado de un plumazo y sin previo aviso el servicio de acompañamiento desde su casa hasta clase a los ocho estudiantes con discapacidad física que hacían uso este curso de esta ayuda para acudir cada día a la Universidad. Ellos se enteraron a través de los becarios encargados de acompañarles y desde entonces acumulan faltas de asistencia a sólo unas semanas de los exámenes finales.

Una de las afectadas, de 24 años, explica a LA RAZÓN que vive a hora y media de la facultad. Utiliza el metro y el autobús para completar el trayecto, pero en las últimas semanas ha tenido que modificar su rutina y la de su familia. «Yo tengo suerte porque me están ayudando mis padres, pero hay gente que ni siquiera está pudiendo ir a clase». Otra de las usuarias de este servicio explica que su situación es más complicada. Estudiante de Informática, ha «parcheado» el problema gracias a la modificación del horario de la asistente de la Comunidad de Madrid que tiene asignada: «Ella está conmigo cuatro horas al día, que ahora utilizamos para los traslados. Desde mi casa hasta la Universidad tengo doce paradas de Metro y luego un autobús».

Desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, FAMMA-Cocemfe Madrid, su presidente, Javier Font, no duda en calificar de «canallada» la decisión de la UCM: «Es prácticamente un trato vejatorio a las personas con discapacidad. Ni el rector ni la vicerrectora quieren resolver este problema». Desde la Universidad se justifica la medida alegando «razones jurídicas» para no seguir prestando esta ayuda que se realiza desde el año 2005: «La normativa vigente –o la interpretación jurídica más extendida– limita este apoyo al ámbito exclusivo de la institución que lo presta, por lo que en el caso de la Universidad Complutense debería ceñirse a sus dos campus, Moncloa y Somosaguas, sin poder sobrepasar sus límites», dice ahora la UCM. Según esta nueva interpretación del servicio, la Universidad sólo ofrecería este servicio a los alumnos una vez estén dentro de suelo complutense. «Desde el Metro hasta mi clase apenas tengo 50 metros. Así que este apoyo no me sirve de mucho», subraya una de las afectadas.

Según Javier Font, los supuestos argumentos jurídicos esgrimidos por la UCM no son creíbles: «Ahora se lo replantean en aras de motivos jurídicos cuando lleva en vigor ocho años. Es una clara estrategia para intentar que el servicio no sea necesario y así poder eliminarlo con una actitud maquiavélica», asegura el presidente de FAMMA.

¿Una cuestión de presupuesto?

Según esta asociación, la postura de la UCM podría tener que ver más con la grave crisis que afecta a la institución, que acumula 143 millones de deuda: «Hay una malísima gestión económica, cuando tiene un presupuesto –de 516 millones de euros– que es más del doble que del resto de universidades madrileñas». Otro de los argumentos esgrimidos por la UCM para eliminar este servicio, o lo que es lo mismo, limitarlo al interior del Campus es que asegura no «recibir ninguna financiación de las autoridades para cubrir estos programas», a lo que FAMMA encuentra una respuesta contundente: «El artículo 82 de la Ley Orgánica de Universidades establece específicamente un apartado concreto que establece la obligación de la UCM de controlar el uso de los fondos públicos para la ejecución adecuada de los presupuestos». Es decir, que la UCM tiene capacidad y autonomía para distribuir los fondos que recibe.

La decisión de la Complutense de suspender el servicio de acompañamiento resulta especialmente sorprendente cuando en el actual curso académico existe un programa de reconocimiento de créditos por el desarrollo de labores de colaboración en actividades de atención a la discapacidad. Los participantes en este programa deben superar un periodo de formación previo para después desarrollar labores de colaboración como por ejemplo, según recoge textualmente el programa, «el acompañamiento y apoyo en sus desplazamientos dentro y fuera de los lugares de estudio a aquellos estudiantes con alguna discapacidad y que así lo requieran». Javier Font es contundente a este respecto: «Dicen ser pioneros en la promoción de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en la Universidad, cuando en realidad son pioneros en la destrucción de sus derechos». El desmantelamiento de los servicios de apoyo a los alumnos comenzó a finales del pasado año; cuando Carrillo ya decidió suprimir el servicio de «apoyo sociosanitario» a alumnos con discapacidad en las propias facultades.

Monumento ilegal

Dos son los argumentos esgrimidos por el rector de la Universidad Complutense para cargarse a sólo unas semanas de los exámenes finales el servicio de acompañamiento a los discapacitados de la facultad desde su casa hasta las clases. En primer lugar, asegura que tiene que revisar la «legalidad» de la ayuda, puesto que parece ser que pese a que lleva ocho años funcionando, ahora cree que sólo debería estar ceñida al interior del campus. En segundo lugar, el presupuesto. Carrillo niega su autonomía para administrar sus presupuestos al asegurar que el problema es que no recibe fondos para atender a alumnos con discapacidad. Los dos argumentos esgrimidos a la hora de eliminar esta ayuda a los discapacitados que quieren estudiar en la Complutense chocan frontalmente con su actitud frente al monumento a las Brigadas Internacionales que lucharon a favor de la II República.

Nunca ha querido la UCM revelar cuánto costó el polémico monolito para cuyo diseño convocó un concurso en Bellas Artes, pero ni el presupuesto ni su competencia para poder colocarlo en los jardines del Campus pararon a Carrillo. De hecho, ya son dos las sentencias falladas en contra del monolito precisamente porque Carrillo llevó a cabo su homenaje a los brigadistas sin dar información al claustro.

El pasado mes de enero el TSJM declaró nula la colocación de la estatua, que impulsó su antecesor en el cargo, Carlos Berzosa, y que Carrillo inauguró junto a su padre en otoño de 2011. En concreto, el alto tribunal da la razón a un particular que denunció la colocación del monolito al entender que no se dio cuenta de ello a los órganos consultivos de la Universidad, y lo que es más grave, que se llevó a cabo «sin instar procedimiento urbanístico de ninguna clase y sin obtener licencia urbanística al efecto» pese a estar levantado en suelo público.

Según el fallo, la Universidad era consciente de la necesidad de obtener licencia, y sin embargo, la omitió. Esta actitud choca con la que Carrillo ha mantenido frente a la legislación que afecta a las personas discapacitadas, ya que, tal y como le recuerda Famma-Cocemfe Madrid en la disposición adicional vigésima cuarta de la citada ley se recoge que las universidades deberán tener en cuenta lo dispuesto en la Ley de Integración Social de Minusválidos, con el fin de facilitar «la integración de estudiantes con discapacidades en la enseñanza universitaria».