Cuenta atrás para el futuro de los pisos turísticos

Los tribunales ya deliberan sobre los recursos interpuestos al plan de Ahora Madrid que prohíbe el 95% de estos apartamentos en el centro. Los propietarios asumen que el requisito de contar con un acceso independiente desaparecerá en la nueva norma que lanzará el Ayuntamiento.

El pasado 11 de septiembre era la fecha señalada. El día previsto para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronunciara sobre los 21 recursos que tiene sobre su mesa contra el Plan Especial de Hospedaje del Gobierno de Manuela Carmena, aprobado en 2018. Un proyecto que nació con polémica, al situar en la ilegalidad al 95% de las viviendas que se ofertan en el centro de Madrid a través de plataformas de economía colaborativa –HomeAway, Wimdu, Airbnb, etc–. Un requisito, exigido por el Consistorio, provocaba esta clandestinidad de los pisos: debían contar con un acceso independiente al del edificio, algo que ninguno cumple.

Buena parte de los recursos piden la suspensión cautelar de la medida. Entre ellos los interpuestos por Madrid Aloja, asociación de propietarios que representa a 4.000 viviendas de la capital que funcionan de manera colaborativa. El retraso en la sentencia no preocupa a los dueños, que esperan conocer el fallo en breve. De hecho, el delegado de Desarrollo Urbano de la capital, Mariano Fuentes, afirmó ayer que esta semana el tribunal ya «deliberaba» su fallo. Pero los propietarios sí que confiesan sentirse «expectantes», en palabras de Adolfo Merás, presidente de Madrid Aloja. No solo por la decisión judicial, sino también por los «retoques» que hará el Ayuntamiento al plan aprobado por Carmena. Tanto Mariano Fuentes como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya han manifestado su intención de «suavizar» las condiciones para poder realizar un alquiler turístico con unos márgenes razonables. Pero al igual que Madrid Aloja, el Consistorio está a la espera del dictamen del TSJM para poder adelantar sus líneas. De momento ya se han puesto en contacto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como las áreas de Turiismo, Seguridad y Emergencias, Economía, Medio Ambiente y Coordinación Territorial. Además, el Ayuntamiento contactará con la Comisión Europea para pedir unas condiciones globales a estas plataformas turísticas.

Con todo, hay aspectos que los propietarios dan por hecho que se van a reformar. Uno de ellos, la eliminación del acceso independiente a los pisos. «Es una aberración democrática: supone su prohibición total», afirma Meras. «Los pisos turísticos no son hoteles y no tenemos una relación de servicio diario con nuestros huéspedes», añade, por lo que la eliminación de esa condición va a poner «sentido común».

Aún así, es muy posible que el Consistorio acabe considerando estos pisos de uso terciario, como lo son los hoteles. «No podemos negar que es una actividad comercial, pero también lo es un alquiler a largo plazo. Y eso no significa que ese suelo sea terciario. No sabemos cómo va a desarrollarlo el alcalde, pero quizá significa que se va a realizar una regulación ex novo, no pensando en las antiguas definiciones de urbanismo. Estamos ante un fenómeno nuevo y como tal hay que contemplarlo», dicen en Madrid Aloja.

A día de hoy les «siguen llegando expedientes de cierre» por este motivo. Según adelantó Mariano Fuentes, han sido alrededor de 358 desde junio. Sin embargo, el caos jurídico es tal que el Ayuntamiento no tiene potestad para ordenar una orden de precinto.

Otra de las novedades que podría incluir la nueva normativa es la transposición del Decreto Ley aprobado por el Gobierno central: al menos tres quintas partes de una comunidad de vecinos deben dar el visto bueno a un alquiler turístico. «Ese es un derecho que tienen. Pero esta decisión se produjo en un momento de excesiva desinformación, con programas sensacionalistas en los que se mostraban los problemas de Magaluz y La Barceloneta. Esa no es la realidad de Madrid: no tenemos esa saturación turística ni esa tensión social. Es una decisión política hecha a base de sentimientos. Y nos hemos visto inmersos en un proceso de demonización». Entre otras acusaciones, la de representar a fondos de inversión, cuando «el 80% de nuestros asociados ponen en alquiler uno o dos pisos».

Los propietarios han adoptado medidas para paliar posibles molestias a los vecinos. «Nos interesa una regulación en positivo para protegernos de aquellos malos actores que también nos perjudican: queremos que se expulse a alguien que puede alojar a más huéspedes de los que permiten las dimensiones del piso, o que no tome medidas ante un huesped que está molestando al vecindario. La convivencia está por encima de todo», dice Merás. De ahí que, en el último mes, Madrid Aloja haya generalizado la instalación de sonómetros que indiquen si se producen alteraciones en los volúmenes de ruido permitidos. «El gestor de la vivienda se enteraría antes que nadie y el contrato se vería interrumpido», afirma.

Madrid Aloja también espera que la futura normativa elimine otra exigencia: la obligación de insonorizar las viviendas. «En su locura final, el Ayuntamiento pidió que se insonorizaran los pisos como si fueran discotecas, de forma que, con esa protección, los techos y pasillos quedaban reducidos de 90 a 70 centímetros». Finalmente, también han pedido que se elimine el requisito que exige a los pisos alquileres superiores a un tiempo de 90 días al año para ser considerados turísticos. Un punto que, en principio, no pensaban recurrir. Sin embargo, lo han hecho debido a la «contradicción» que se crea entre esta norma y el decreto sobre viviendas turísticas aprobado por la Comunidad de Madrid este año, que exige una regulación «desde el primer día». «Esa contradicción acaba creando una suerte de ‘‘tormenta fatal’’ sobre las viviendas», concluye Merás.